Las violencias hacia mujeres es una violación a los derechos humanos que debe ser prevenida, investigada, sancionada, reparada y eliminada por el Estado Argentino, porque se compromete a garantizarles una vida libre de violencias y de discriminaciones por medio de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley Nº 26.485 (2009) "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" (adhesión Ley provincial Nº 8226).

Y las Leyes Nº 23.592 de "Actos Discriminatorios", Nº 26.743 de "Identidad de Género" y los "Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos a la Cuestión de Orientación Sexual e Identidad de Género" (2006), garantizan a los colectivos LGBTIQ+  el derecho a la identidad de género y les protege en situaciones de violencias, abusos y discriminaciones por motivos de orientación sexual o identidad y razones de género.

¿Quiénes pueden concurrir?
Personas de todos los géneros, etnias, nacionalidades, en situaciones de violencias previstas en las leyes y convenciones vigentes, sus representantes, terceros y quien tome conocimiento de que una persona padece violencia por razones de género o relacionadas con su orientación/identidad sexual.

¿Cuándo realizar consultas?
Cuando padezcan hostigamientos, aislamientos, manipulaciones, golpes, maltratos, restricciones al libre movimiento, impedimentos a disponer de sus bienes, sean obligadas a mantener relaciones sexuales contra la voluntad, sufran acoso sexual laboral, amenazas verbales y/o con algún tipo de armas y cualquier otro tipo de violencias previstos en Leyes Nº 23.592, 26.485, 26.743 y convenciones vinculadas.

¿Cómo es el servicio que se brinda?
♦ Es un servicio de acceso a la justicia con perspectiva de género y de diversidad sexual, gratuito y confidencial.

♦ La persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre las situaciones de violencias.

♦ Es entrevistada por un equipo interdisciplinario y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y Tribunales competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente.

♦ Se le brinda apoyo psicológico gratuito y asistencia socio-económica a través de la Red de Enlace Interinstitucional.

♦ Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas de protección de derechos ordenadas y acompañamiento durante todo proceso judicial.