La violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos, que debe ser prevenida, investigada, sancionada, reparada y eliminada por el Estado Argentino, porque  se comprometió a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de  discriminaciones al adherir a la Convención de Belém do Para y a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- CEDAW-).

En Argentina, más de 8.000 mujeres denuncian cada año verse afectadas por algún tipo de violencia, según documento publicado en febrero de 2014 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Consejo de Europa.

La Ley nacional N° 26.485, a la que adhirió la provincia de Mendoza por Ley N° 8226, establece un proceso rápido o sumarísimo para el otorgamiento de medidas de protección preventivas urgentes, las que deben ordenarse por el/la juez/a de oficio o a pedido de parte y según la situación de riesgo de vida, para hacer cesar los actos de violencia y proteger a las mujeres, su familia y sus bienes.

Mujeres y personas de todo género, edad, raza, nacionalidad, que sufran algún tipo de violencia, sus representantes, terceros  y  quien tome conocimiento de que una mujer padece violencia.

Cuando padezcan hostigamientos, aislamiento, manipulación, golpes, maltratos, restricción al libre movimiento, impedimento a disponer de sus bienes, sean obligadas a mantener relaciones sexuales contra la voluntad, sufran acoso sexual laboral,  amenazas verbales y/o con algún tipo de armas, y cualquier otro tipo de violencia previsto en la Ley N° 26.485, tanto en el ámbito privado como en el público.

• Es un servicio de acceso a la justicia con enfoque de género; es gratuito y confidencial.
• La persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre la situación de violencia.
• Es entrevistada por equipo interdisciplinario y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso judicial correspondiente.
• Se le brinda tratamiento psicológico gratuito y  asistencia social a través de la Red de Enlace.
• Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.