La violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos, que debe ser prevenida, investigada, sancionada, reparada y eliminada por el Estado Argentino, porque  se comprometió a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de  discriminaciones al adherir a la Convención de Belém do Para y a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En Argentina, más de 8.000 mujeres denuncian cada año verse afectadas por algún tipo de violencia, según documento publicado en febrero de 2014 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Consejo de Europa.

La Ley nacional N° 26.485, a la que adhirió la provincia de Mendoza por Ley N° 8226, establece un proceso rápido o sumarísimo para el otorgamiento de medidas de protección preventivas urgentes, las que deben ordenarse por el/la juez/a de oficio o a pedido de parte y según la situación de riesgo de vida, para hacer cesar los actos de violencia y proteger a las mujeres, su familia y sus bienes.

Mujeres y personas de todo género, edad, raza, nacionalidad, que sufran algún tipo de violencia, sus representantes, terceros  y  quien tome conocimiento de que una mujer padece violencia.

Cuando padezcan hostigamientos, aislamiento, manipulación, golpes, maltratos, restricción al libre movimiento, impedimento a disponer de sus bienes, sean obligadas a mantener relaciones sexuales contra la voluntad, sufran acoso sexual laboral,  amenazas verbales y/o con algún tipo de armas, y cualquier otro tipo de violencia previsto en la Ley N° 26.485, tanto en el ámbito privado como en el público.

• Es un servicio de acceso a la justicia con enfoque de género; es gratuito y confidencial.
• La persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre la situación de violencia.
• Es entrevistada por equipo interdisciplinario y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso judicial correspondiente.
• Se le brinda tratamiento psicológico gratuito y  asistencia social a través de la Red de Enlace.
• Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.