LA FUNCION DEL JUEZ DE FAMILIA:

HACIA UN NUEVO MODELO DE ABORDAJE EN LA PROTECCION DE LA INFANCIA.

 

El presente artículo tiene por finalidad informar a la sociedad cuáles son las funciones del Juez de Familia de conformidad al marco normativo  e institucional actual, y los nuevos horizontes ideológicos y operativos hacia donde se va encaminando dicha función a partir de la sanción de la ley nacional 26.061/05 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.-

 

En nuestra provincia, en el año 1995 se sanciona la ley 6.354 de Protección Integral del Niño y Adolescente, por la misma  se crea el Fuero de Familia con una doble competencia por materia: 1. La civil (divorcios; tenencias; alimentos; filiaciones; etc.) y 2. La tutelar (protección de los niños y adolescentes víctimas de maltrato físico; psíquico, sexual; o trato negligente por sus padres o miembros de la familia; y por conductas del propio niño o adolescentes riesgosas para su  seguridad o integridad psicofísica -drogadicción; alcoholismos; fugas del hogar-, etc.).-

 

Esta ley provincial se orienta y adopta, los contenidos ideológicos plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional trascendente en materia de niñez, suscripta por la mayoría de los países del mundo en el ámbito de la O.N.U., y que coloca a los niños y adolescentes en la categoría de verdaderos “sujetos de derechos”.-

 

El ejes ideológico más importantes que trazó la Convención, partía de considerar a la familia como la institución  natural y social fundamental y necesaria dentro de la cual el niño tenía derecho a permanecer y desarrollarse en las distintas etapas de su vida, siendo cuidado y contenido material y afectivamente por sus padres y/ o demás parientes. El niño dejaba de ser un mero objeto de disposición de los adultos, para erigirse en el centro de vida de la familia, con derecho a que, ante cualquier conflicto, sus intereses fueran tenidos especialmente en cuenta, y a ser oído, en forma directa y personal, o indirecta, conforme a su madurez evolutiva, en todo ámbito administrativo y/o judicial donde se ventilara cualquier cuestión que lo pudiera afectar.-

Por fin, derechos humanos tan esenciales como a la vida, a la salud; a la vida familiar, a la educación; a la expresión; al contacto con ambos padres; a la intimidad; etc., fueron expresamente reconocidos a la niñez, superando cualquier eufemismo.-

Desde esta perspectiva, los Estados firmantes, entre ellos nuestro país, se comprometieran a orientar y priorizar las políticas públicas y los recursos financieros al fortalecimiento de los lazos familiares y en especial, tendientes a garantizar a los padres el adecuado desarrollo de sus roles parentales como primeros guías de sus hijos menores de edad.-

Por ende, el primer principio rector en materia de jurisdicción familiar, es que no puede haber por parte de la justicia, injerencias arbitrarias (no fundadas en la ley) en la intimidad familiar y en la función parental.-

Los jueces de familia sólo podemos intervenir cuando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes se encuentran seriamente amenazados y/o violados por sus propios padres y/o parientes que lo tienen a cargo o conviven con el niño (hermanos; abuelos; tíos, primos; etc.).-

También la ley señala cómo debe actuar el juez, y qué medidas de protección puede ordenar. Y si bien en materia proteccional el juez tiene facultades investigativas y ordenatorias, la posibilidad de disponerlas y la eficacia de las mismas, depende  de que existan efectivamente las políticas y especialmente, los programas tendientes a su satisfacción.-

 

En éste aspecto, los jueces dependemos de factores extra poder, ya que no somos nosotros los que podemos establecer las prioridades respecto a políticas sociales; programas; y recursos financieros.-

 

Este es quizás el aspecto más negativo del actual sistema, que se ve acentuado por el hecho de que, estadísticamente, se ha determinado que un gran número de personas que acuden a la justicia de familia, lo hacen en procura de encontrar soluciones a problemas sociales  y familiares que exceden a la competencia de la justicia de familia (así vg. En busca de vivienda; materiales para ampliarla o arreglarla, problemas de conducta de sus hijos tanto en el hogar como en la escuela, malas juntas, uso de sustancias tóxicas; pidiendo trabajo para ellos o sus hijos; su ubicación en escuelas especiales; solicitando planes sociales; becas; etc.).-

 

Es decir que la justicia de familia se ha transformado en un ámbito residual al que la gente acude buscando soluciones que no encuentra en los sectores del Estado e instituciones que naturalmente y  políticamente deberían brindárselos.-

 

Se sabe por experiencia, que la violencia intrafamiliar muchas veces es muy difícil de detectar, porque ocurre justamente dentro de un ámbito de intimidad al que no cualquier extraño tiene acceso. Y en este sentido, el juez de familia, es un “extraño” que debe moverse dentro de un terreno muy delicado y resbaladizo, en el cual las normas jurídicas pasan a un segundo plano, debiendo transformarse en un investigador de hechos muchas veces ocultos, casi en una función muy similar a la del bombero, donde lo urgente se concentra en poder determinar o verificar lo antes posible, si realmente hay un niño en situación de vulnerabilidad de derechos, o en serio riesgo,  para que se entienda mejor.- 

 

También en esta función o actividad, necesariamente, nos movemos en base a reglas de la experiencia que nos dan algunas pautas y/o criterios de actuación. En este sentido, siempre se parte de la presunción de que un padre (padre o madre) no va a dañar intencionalmente a sus hijos, sino que por el contrario, tiende naturalmente a cuidarlos. Sólo cuando los primeros elementos de prueba (pericias psíquicas, encuestas familiares-ambientales; testimonios, etc.) nos permiten sospechar de la posibilidad de un maltrato, negligencia grave o abuso, actuamos firmemente y sin demoras ordenando aquellas medidas de protección que pongan al niño  y sus derechos, a resguardo. Pero no siempre, por todo lo que venimos señalando, la cuestión es tan clara. Por el contrario, muchas veces son más las sombras que las luces. Las dudas que las certezas.-

 

Ahora bien, sin esquivar la responsabilidad funcional que nos compete, no puede dejar de advertirse, que cuando le ocurre algo a un hijo, y sobre todo, cuando el daño proviene de alguno de sus padres o familiares íntimos, los primeros responsables son sus propios padres, porque a ellos la naturaleza y la sociedad los ha puesto como primeros garantes de su salud, educación y desarrollo espiritual.-

 

Cuando los propios padres no demuestran conciencia y voluntad de superar la crisis familiar, y reconocen la necesidad de recibir ayuda, difícilmente los jueces podamos lograrlos a través de resoluciones por más enérgicas que sean, porque en mucho de los casos (vg. Conflictos por el derecho de comunicación –régimen de vistas- entre hijos y padres separados) la sanción a uno de los padres, implica afectar directamente al hijo que está siendo manipulado en beneficio propio.-

 

Todas estas limitaciones de orden funcional, se ven agravadas por la situación de penuria o exclusión social en la que aún se encuentran inmersas muchas familias y sus niños, y por la cual, la mayoría de sus derechos se ven sistemáticamente vulnerados ( vivienda, vida digna, alimentación, educación, igualdad  de oportunidades, etc.), carencias que indefectiblemente desembocan en graves disfunciones familiares, que a pesar  exceder lo que propio de la justicia, terminan desembocando en este fuero, y somos los jueces de familia, como cabeza visible del mismo, los que terminamos asumiendo una responsabilidad social que no nos corresponde.-

 

Por eso, me parece muy positivo que hoy, todos los poderes del Estado Provincial, (Ejecutivo; Legislativo y Judicial) nos encontremos seria y responsablemente abocados a modificar y/o derogar la ley 6.354, a fin de adecuarla al nuevo modelo instaurado por la ley nacional 26.061, que partiendo de reconocer todas estas realidades problemáticas; prácticas distorsionadas y limitaciones funcionales, cambia sustancialmente el eje operativo, disponiendo que sea el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos naturales y los que especialmente se creen a tal fin, los que primeramente salgan a garantizar estos derechos fundamentales de las niñas. niños y adolescentes, a través de políticas y programas activos, desarrollados en todas las áreas que se encuentran directamente involucradas en la satisfacción de los mismos (Centros de Salud; Hospitales; Escuelas, Municipios; O.N.G., Comisarías, etc.). En este nuevo esquema, la actuación de la Justicia de Familia queda reservada  en un segundo orden y para lo estrictamente jurídico, es decir, garantizar y/o restaurar derechos vulnerados a niñas, niños o adolescentes.-