CONCLUSIONES

COMISIÓN 3: GESTION JUDICIAL

1) Declarar que es una política de Estado del Poder Judicial, la aplicación de criterios de gestión institucional de los recursos materiales y humanos, con el objetivo de lograr un servicio de justicia eficiente y eficaz. Es misión del Poder Judicial brindar soluciones a los conflictos en un tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de los habitantes de la Nación, sin mengua de la calidad de las decisiones.

2) Propiciar que los Tribunales Superiores de cada jurisdicción estimulen a los magistrados integrantes del Poder Judicial al que pertenecen a adoptar el modelo de gestión de calidad que el Superior Tribunal entienda adecuado a su jurisdicción.

3) Desarrollar un programa de gestión judicial basado en los siguientes principios: a) liderazgo; b) enfoque en el destinatario de la prestación de justicia, c) desarrollo y capacitación del personal, d) información y su análisis, e) planificación estratégica y operativa, f) control de calidad, g) ética en la gestión, h) control de los resultados operativos.

4) Promover un programa de capacitación para jueces, funcionarios y empleados, enfocado en la gestión judicial en todo el país.

5) Peticionar a los demás poderes del Estado para que habiliten los recursos económicos necesarios y sancionen las leyes que se requieran para facilitar el sistema de gestión.

6) Señalar que una justicia rápida necesita imprescindiblemente de la incorporación de innovaciones técnicas adecuadas y que todos los poderes de los Estados Nacional y Provinciales deben estar comprometidos en apoyar la inversión en tecnología. Para tales fines, se creará una Comisión de expertos en informática de los poderes judiciales nacional y provinciales a efectos de fijar una base mínima común, sin perjuicio de las particularidades de cada uno de ellos. Se encomienda la implementación de una amplia gestión digital en todos los campos en que ello sea posible.

7) Establecer criterios de información comunes y confiables en todos los niveles de los poderes judiciales del país a fin de que los jueces y habitantes, tengan acceso a un adecuado y debido conocimiento de datos.

8) Sugerir a los colegios profesionales de abogados que participen en el aporte de iniciativas para mejorar la gestión, reconociendo que el rol del profesional es relevante para lograr celeridad en la gestión.

9) Designar magistrados en un tiempo apropiado, evitando las dilaciones en la cobertura de cargos judiciales. Señalar la conveniencia de que se nombren magistrados para casos de vacancia o licencia o para atender actividades jurisdiccionales extraordinarias. En igual sentido, proveer reemplazos de personal en caso de licencias.

En virtud de todo lo expuesto se resuelve: crear una Comisión Nacional de Gestión Judicial, conformada por representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Junta Federal de Cortes, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para desarrollar los programas de gestión dentro de la política de Estado mencionada. Dicha Comisión estará integrada por un cuerpo asesor y consultivo de todos los jueces que propongan los distintos tribunales federales, nacionales y provinciales a los fines de hacer más efectivo el cumplimiento de los objetivos y adaptar los programas a las particularidades de cada sector.