ACCIÓN REVOCATORIA CONCURSAL. Requisitos de procedencia. Valor de la prueba indiciaria: finalidad




“Cuando el síndico concursal incoa la acción revocatoria, debe aportar prueba conducente para su procedencia (…). Ello no significa que tal prueba deba forzosamente ser directa, pues puede surgir de indicios o presunciones (cfr. art. 163, inc. 5°, párr. 2°, CPCCN) que deben ponderarse conforme a las constancias del expediente (…)”.

“En el marco de una acción de revocatoria concursal resulta poco probable encontrarse con pruebas directas que acrediten el conocimiento por parte del tercero de la impotencia patrimonial del fallido, por lo que demostrar tal conocimiento constituye prácticamente una prueba diabólica. De allí que deba recurrirse a la prueba presuncional, corroborando que existan indicios graves, concordantes y precisos, que tengan virtualidad para hacer plena prueba conforme a las reglas de la sana crítica, resultando suficiente demostrar (por esta vía indiciaria) que el tercero debió tener conocimiento del estado de cesación de pagos de su deudor, presumiéndose su propia torpeza si no lo tuvo (…)”.

“…la circunstancia de que la fallida hubiese continuado operando con posterioridad a la fecha de cesación de pagos establecida no es suficiente para desvirtuar el estado de insolvencia patrimonial en que se encontraba, ante la impotencia para atender sus compromisos con medios ordinarios, pues tal estado habitualmente se configura durante un período de mayor o menor duración, que puede iniciarse con una serie de hechos de significación ambigua pero que, al tiempo de decretarse la quiebra, determinan la fecha inicial de la cesación de pagos (…)…”

“… la acción de revocatoria concursal no refiere a la reducción injustificada del patrimonio del fallido, sino que tiene por fundamento y objetivo la tutela de la igualdad de acreedores, la que se vería alterada de convalidarse aquellos actos que la ley declara inoponibles a la masa por el tiempo y modo de su celebración, circunstancia que torna anulables los actos, porque lo que se persigue con la acción de ineficacia es retrotraer las cosas a su estado primitivo, tal como se encontraban antes de la celebración del acto impugnado (…)”.

“…si se reprocha a un representante haber vendido simuladamente un bien irrecuperable, deberá la indemnización que cubra el valor que ese bien tendría en el patrimonio del deudor (…)…”





En Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo de dos mil diez, reunidas las señoras jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “COELHO S.A. S/ QUIEBRA S/ ACCIÓN DE INEFICACIA PROMOVIDA POR LA SINDICATURA”, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Ballerini y Díaz Cordero.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO
1. La demanda
1.1. El 24-5-04 (fs. 83/96)) la Sindicatura de la quiebra de Coelho S.A. interpuso acción de ineficacia concursal, a fin de que se revocaran ciertos convenios celebrados entre la fallida, Sevel Argentina S.A. y, Círculos de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados -o sus continuadoras- con el objeto de que se las condene a restituir:
a) a “Sevel”, los bienes recibidos o abonarlos al valor fijado en el contrato (u$s 1.953.000,00) más lo percibido en efectivo (u$s 1.634.190,00 y $ 301.114,00);; b) a “Círculos”, la suma de u$s 51.810,00. En ambos casos, con más intereses a la tasa que fije el tribunal a calcularse a partir de la firma de los acuerdos (29-11-99, para el caso de las sumas reclamadas a “Sevel”) y, a partir de los sesenta días de dicha fecha (para el importe reclamado a “Círculos”).
1.2. Afirmó que la fallida suscribió el 29-11-99 un reconocimiento y cancelación de deuda con “Sevel” y “Círculo”, mediante el cual reconoció adeudar a la primera u$s 7.103.000,00 en concepto de saldo deudor (al 30-9-99) de la cuenta de relación que mantenían las partes y, la deuda impaga de un anterior acuerdo de pago (suscripto el 27-7-96).
Señaló que a raíz de la importante quita efectuada por “Sevel”, la suma indicada se redujo a u$s 3.639.000,00, la que fuera abonada por la fallida mediante la entrega de: i) repuestos, por un valor de u$s 1.953.000,00; ii) efectivo, por u$s 1.634.190,00; y, iii) efectivo o cesión y transferencia de los derechos y acciones provenientes de los títulos del sistema de ahorro administrados por “Círculo”, por u$s 51.810,00, importe éste que se efectivizaría a los 60 días de suscripto el acuerdo (fs. 83 vta./84).
Agregó que, en la misma fecha (29-11-99), las partes citadas suscribieron un acuerdo complementario por el cual “Sevel” reconoció adeudar a “Coehlo” $ 301.114,00, por el pago en exceso del impuesto al valor agregado correspondiente a la factura N° 4286, del 8-9-99 (fs. 84 vta./85).
Sostuvo que al haberse fijado en el proceso falencial la fecha de cesación de pagos de “Coelho” en 28-9-99, los actos precedentemente relacionados fueron celebrados dentro del período de sospecha, por lo que resultan alcanzados por lo reglado en el art. 119, LCQ.
1.3. Efectuó un análisis de los tres estados contables que “Coelho” presentó al requerir su concursamiento, señalando que al cierre de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de:
a) 1997, la deuda comercial era de $ 1.379.635,53, el acreedor más importante era “Sevel” y, esa obligación tenía como contrapartida -en el activo- el rubro Bienes de Cambio (unidades para la venta, repuestos y accesorios, etc.) valuado en $ 7.651.463,31;
b) 1998, la deuda comercial era de $ 5.500.593,89, continuando “Sevel” siendo el acreedor más importante con una deuda de $ 4.811.071,68, en tanto que el saldo del rubro Bienes de Cambio ascendía a $ 5.675.985,20; y,
c) 1999, la deuda comercial descendió "sorpresivamente" a $ 52.768,20 y, “misteriosamente” dejó de figurar “Sevel” como acreedor (fs. 87 vta.)
Consignó que lo reseñado demuestra que la fallida canceló el pasivo que mantenía con la terminal, previo a la rescisión de la concesión (efectuada a los pocos meses), conforme surge de lo expuesto por el contador certificante en nota a los balances de 1998 y 1999 (“hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio”). Tal circunstancia le permitió sostener que la terminal, “haciendo uso del poder que le confería el contrato de concesión... cobró su crédito y condenó al resto de los acreedores a verificar los suyos”, en un concurso posteriormente devenido en quiebra, despojándolos “de los únicos bienes que garantizaban” la percepción de sus créditos (fs. 88).
Concluyó el punto refiriendo que poco después de cancelar la deuda con “Sevel”, la concesionaria se encontró “obligada por la disminución abrupta de sus activos a presentar su concurso preventivo, perjudicando al resto de los acreedores que no pudieron cancelar sus acreencias como lo había hecho SEVEL...”, señalando que en dicho proceso, “ ...no obstante que el crédito insinuado de SEVEL quedó verificado por un importe sensiblemente menor... y el de CISA declarado inadmisible en su totalidad... (no promovieron la) ...revisión de sus respectivos créditos...” (fs. 88).
1.3. Alegó que las accionadas tuvieron conocimiento del estado de cesación de pagos en que se hallaba Coelho S.A. a la firma de los actos cuya ineficacia persigue, basándose en lo dispuesto en el contrato de concesión para la venta de automotores; luego de efectuar diversas consideraciones al respecto, explicitó que: “...dentro de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, la terminal obligaba... a implementar un sistema contable... a través de un Plan de Cuentas, con codificación utilizada por todos los concesionarios de la red... lo que le permitió a la empresa automotriz una acabada comprensión de los estados financieros y ratios (índices) comparativos utilizados. El concesionario debía además entregar a SEVEL un Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados y Anexos de Bienes de Cambio y Bienes de Uso. Estas fórmulas... provistas por la terminal... debían ser presentadas con una periodicidad trimestral, semestral y anual...” (fs. 89).
Manifestó que toda esa información y la permanente asistencia de inspectores que asiduamente concurrían a la concesionaria, le permitió a “Sevel” tener “un exacto conocimiento sobre el estado económico-financiero de la hoy fallida, lo que determinó tomar las acciones necesarias para recuperar... el pasivo comprometido por la insolvencia de Coelho...” (fs. 89 vta.).
1.4. Sintetizó los argumentos fundantes de la declaración de ineficacia de los actos que persigue, en las siguientes circunstancias que emergen de los explicitados convenios (fs. 1/2 y 3/5) celebrados entre la fallida y las codemandadas.
a) La quebrada adeudaba a “Sevel” al 30-9-99, la suma de u$s 7.103.000,00; la deuda se redujo a u$s 3.639.000,00 (apenas superior al 50% del monto original) en virtud de que la concedente resolvió: i) no () ajustar intereses por el período 30-9-99 al 29-11-99 (cláus. 2 in fine), equivalentes a u$s 350.000,00; y, ii) efectuar una quita de u$s 3.464.000,00, en concepto de reconocimiento de intereses (cláus. 3a., primer párrafo). Tales quitas obedecieron a un único hecho: el conocimiento que “Sevel” tenía del estado de cesación de pagos de la concesionaria, prefiriendo cobrar menos antes que concurrir a prorrata en el concurso preventivo peticionado a escasos cuatro meses.
b) Con el aludido reconocimiento se canceló -además de la denominada cuenta de relación- un acuerdo que habían celebrado las partes más de tres años antes (27-7-96), lo que permite presumir las dificultades económico-financieras en que se encontraba “Coelho”.
c) En el acuerdo complementario “Sevel” reconoce que la fallida le abonó de más $ 301.114,00; empero, a pesar de contar con dicho importe desde el 8-9-99, no se lo devolvió a “Coelho” ni lo acreditó en la “cuenta de relación”, reteniéndolo para poder imputarlo posteriormente del modo en que le resultara más conveniente a sus intereses.
1.5. Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 19 de la ley 25.561 y, 1, 8 y 17 del decreto 214/02, desistiendo del mismo el 8-4-08 (fs. 1615), lo que fuera tenido presente por el a quo el 10-4-08 (fs. 1616).

2. El responde de “Sevel”
2.1. El 16-7-04 (fs. 136/165) Peugeot Citroën Argentina S.A. (continuadora de Sevel Argentina S.A.), contestó la acción y luego de una circunstanciada negativa, reconoció la autenticidad de la documental aportada por la sindicatura a fs. 1/4.
Expresó que no se encuentran reunidos los requisitos que habilitan la procedencia de la pretensión, por cuanto su intención al celebrar el convenio no fue obtener un cobro preferente, sino reestructurar la deuda que la fallida mantenía desde tiempo atrás, con el propósito de que “Coelho” continuara la concesión en mejores condiciones operativas, posibilitando -entre otras cuestiones- la regularización de su situación con una gran cantidad de compradores a quienes debía los automóviles comprados.
Asimismo, declaró que ninguna relación de subordinación existió entre ella y Coelho S.A., siendo falso lo aseverado por la sindicatura actora respecto a las facultades de control e información en cabeza de Peugeot (fs. 143 vta.).
Sostuvo que el comienzo del estado de cesación de pagos de la fallida fue posterior a la celebración del convenio de autos y, si la misma no fue cuestionada en el proceso falencial, es porque al no haber deducido revisión por admitirse su crédito sólo por $ 11.156,92, “no se encontraba legitimada a cuestionarla... ausencia de legitimación... (que) ...se ha revertido como consecuencia de este incidente de revocatoria concursal” (fs. 140). En aras a ello, impugnó por falsa la fecha de comienzo del estado de cesación de pagos determinada en 28-9-99.
2.2. Afirmó que con la suscripción de los convenios cuya ineficacia se persigue, se logró: i) mejorar sustancialmente la situación financiera de la concesionaria “desprendiéndose a un costo realmente ridículo de la mayor deuda que tenía y evitando la necesidad de pagar intereses que, de haber continuado devengándose, hubieran imposibilitado al concesionario reconstituir su capital de trabajo”; ii) “el saneamiento financiero de Coelho...(intentando) ...Peugeot... revertir una pasajera y moderada crisis financiera de uno de sus más antiguos concesionarios”.
Además, alegó que: iii) el importe de u$s 1.634.190 no fue abonado por la fallida, sino por un tercero que asumió la obligación del concesionario; iv) la mercadería entregada era un rezago de repuestos de imposible colocación en el mercado, cuya valorización consistió en otro modo de conceder una quita y facilitar el futuro desarrollo de “Coelho”; y, v) los convenios referidos revirtieron la supuesta impotencia patrimonial del concesionario, resultando muy beneficioso para los acreedores porque permitió reducir el pasivo de “Coelho” con “Peugeot” en $ 7.103.000.
2.3. Destacó que “la única razón por la que se consignó en el texto del convenio que habría sido Coelho quien entregara la... suma en dinero en efectivo, fue porque así lo pidieron los funcionarios de la empresa deudora... (y que esa) ...ausencia de correspondencia entre el texto convencional y la realidad de lo acontecido, no implica... la ilicitud del acto, su nulidad ni su inoponibilidad a los acreedores, debido a que no se ha violado ninguna norma legal ni ocasionado perjuicio a persona alguna” (fs. 148 vta.).
En cuanto a los repuestos dados en pago, expuso que “se concedió... una quita abismalmente mayor al mejor precio de venta que podría haber conseguido el concesionario en aquel momento... (y que de habérselos) ...rematado... en el ámbito de la quiebra... su producido no hubiera alcanzado... para cubrir los costos de la venta...”; en cuyo caso, se habría “verificado a Peugeot por este rubro... $ 1.953.000... (lo que) ...hubiera implicado un incremento sustancial del pasivo concursal... consumiendo holgadamente cualquier remanente de la subasta que eventualmente hubiera existido...”; consideró “absurdo que ante la supuesta imposibilidad de devolver estos repuestos, se deba obligar a Peugeot a pagar... $ 1.953.000” (fs. 149 vta.).
Respecto a la “suma de $ 301.114 oportunamente adeudada por Peugeot a Coelho fue utilizada por acuerdo de partes, a la cancelación de los honorarios y gastos a cargo de la ahora fallida, por la instrumentación con fecha 29-11-99 de los... convenios y para el pago de las obligaciones resultantes de un proceso judicial cuyas consecuencias eran de responsabilidad de Coelho...”.
Estimó improcedente la pretensión de “restitución de u$s 51.810... (porque) ...el síndico no invocó ni probó que la promesa de cesión realizada por Coelho se hubiere materializado” (fs. 161).
Finalmente, sostuvo que “si bien algunas de las operaciones comprendidas en los convenios... fueron expresadas en dólares estadounidenses, en todos los casos se trataron de valores en pesos (...u$s 1 = $ 1), los que de modificarse, afectarían gravemente el equilibrio entre las prestaciones” (fs. 161 vta.).

3. Contestación de “Círculo”
El 29-9-04 (fs. 185/209) Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados, contestó demanda en los mismos términos expuestos por “Peugeot”, sosteniendo la falta de acción a su respecto por cuanto la promesa de pago realizada por la fallida no lo fue a su favor, sino en beneficio de “Peugeot”.

II. EL DECISORIO RECURRIDO
La sentencia del 16-9-08 (fs. 1678/1690) -correctamente precedida de la certificación actuarial sobre su término que ordena el art. 112 del reglamento del fuero- rechazó la demanda contra “Círculos” e hizo lugar parcialmente a la acción deducida contra “Sevel” (ahora “Peugeot”), condenándola al pago de $ 3.888.304,00 con más intereses (a calcularse desde el 29-11-99) a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias a 30 días, con costas a su cargo.
Para así decidir el a quo meritó que: a) demostrado el conocimiento por parte del tercero del estado de impotencia patrimonial del cocontratante, los actos celebrados pueden declararse inoponibles a los acreedores a fin de retrotraer las cosas a su estado primitivo; b) se presume iuris tantum la mala fe de las partes cuando el acto jurídico fue celebrado durante el período de sospecha; c) la prueba de que el acto no fue perjudicial está a cargo del co-contratante in bonis; d) es extemporánea la impugnación de la fecha del estado de cesación de pagos fijada en el expediente de la quiebra, por deducirla acreedores que revestían tal carácter en el concurso preventivo y, consecuentemente, se encontraban legitimados para incoarla en las oportunidades previstas por la ley falencial; e) las negociaciones que precedieron a la suscripción de los convenios comenzaron en noviembre de 1998; f) los convenios del 29-11-99 provocaron “la importantísima disminución del activo de Coelho S.A. que se reflejó en el ejercicio cerrado en 1999... (y tuvo) ...como causa... los pagos, entrega de bienes y compensación que Coelho... realizó en cumplimiento de lo acordado... (provocándole) ...un severo empobrecimiento”; g) “...los denominados Reglamentos para Concesionarios y... (las) ...llamadas Normas de Actuación... (otorgaron) ...un considerable arbitrio discrecional a las concedentes... una real subordinación económica... que subsiste aún cuando se advierta la autonomía patrimonial y jurídica de la concesionaria respecto de la concedente”; h) “existió... un acabado control por parte de la terminal... que indudablemente les permitió... conocer con detalle la situación económico-financiera... (de la concesionaria durante el) ...período en que se hallaron vinculadas”; i) “los actos cuestionados fueron perjudiciales para los acreedores... (por el dinero en efectivo y bienes que) ...en pleno período de sospecha salieron del patrimonio de Coelho S.A.”; j) el “supuesto tercero pagador no fue individualizado... (al responder) ...la demanda... (y si la fallida recibió el importe) ...de Coelho Centro S.A... (ésta) ...sería... (su) ...acreedora”; k) la defensa no probó “que... los repuestos... hubieren sido sobrevaluados... (y la factura N° 4286 se emitió) ...por la cantidad que le fue asignada de común acuerdo”; l) Sevel reconoció adeudar $ 301.114, no habiéndose asentado en su “contabilidad... el pago de esa... suma en favor de Coelho S.A.”; ll) la fallida no acreditó la entrega o transferencia de ningún bien o efectivo a “Círculo”.

III. LOS RECURSOS
Contra el decisorio apeló la codemandada “Peugeot” el 26-9-08 (fs. 1692), recurso concedido el 2-10-08 (fs. 1693) y fundado el 21-11-08 (fs. 1720/1744), los que fueron contestados por la sindicatura el 23-12-08 (fs. 1746/1765).
El 19-2-09 fueron remitidas las actuaciones a la Sra. Fiscal de Cámara, quien emitió dictamen el 30-10-09 (fs. 1768/1774).
Llamados “autos para sentencia” el 4-11-09 (fs. 1775) y, sorteada la causa el 16-11-09 (fs. 1775 vta.), la Sala se encuentra habilitada para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA
La defensa impetró la revocación de la sentencia requiriendo, subsidiariamente, que se modifique la obligación de abonar $ 1.953.000,00, ordenándose la devolución del stock de repuestos; y, para el caso que la restitución en especie fuera -total o parcialmente- imposible, se la condene a restituir los fondos equivalentes conforme la cotización real de los bienes a noviembre de 1999.
Sintéticamente, los agravios de la recurrente discurren por los siguientes carriles: a) errónea determinación de la fecha de cesación de pagos; b) inexistencia de conocimiento por parte de Peugeot del estado de cesación de pagos; c) inexistencia de perjuicio; y, d) improcedente condena resultado de la declaración de ineficacia.
V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCCN) y el decisorio recurrido, anticipo que el pronunciamiento apelado será modificado respecto al monto de condena.
No atenderé todos los planteos recursivos del apelante sino sólo aquellos que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica”, 13-11-86; idem, “Soñes, Raúl c/ Adm. Nacional de Aduanas”, 12-2-87; bis idem, “Pons, María y otro”, 6-10-87; ter idem, “Stancato, Carmelo”, 15-9-89; Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS
La queja medular del recurrente se centra en la ausencia de los requisitos para la procedencia de la acción articulada por la sindicatura, por lo que estimo procedente realizar algunas precisiones al respecto.
1. Ineficacia concursal
La acción revocatoria concursal (art. 119 ley 24.522) tiene finalidad restitutoria y se dirige a recomponer el patrimonio del deudor en tanto el acto atacado disminuye la garantía de sus acreedores –prenda común de éstos- en violación al principio de la pars condicio creditorum (cfr. CNCom. Sala A, in re “Togs S.A. c/ Banco de la Provincia de Corrientes”, 16-11-84; Sala D, in re “Establecimiento Metalúrgico Pecú SA c/ Permanente S.A. Cía. Financiera”, 28-4-88; entre otros).
El sistema de inoponibilidad concursal apunta a privar de efecto a ciertos actos realizados por el deudor en un determinado período anterior a la declaración de falencia, con relación a los acreedores y en la medida del perjuicio causado a la masa, requiriendo para su procedencia: i) que exista declaración de quiebra; ii) la resolución que fije la fecha de cesación de pagos; iii) la subsistencia de la masa; iv) el conocimiento por el tercero del estado de cesación de pagos; y, v) que se haya producido un perjuicio.
A tal fin, las normas falenciales proveen protección a los acreedores frente a ciertos actos -que les son perjudiciales- realizados por el deudor antes de la quiebra, brindando concretos remedios para asegurar la intangibilidad del patrimonio de aquél.
2. Cesación de pagos
Como es sabido, la cesación de pagos es un estado de impotencia patrimonial no transitorio, que impide al deudor cumplir regularmente con sus obligaciones líquidas y exigibles, con recursos genuinos (cfr. Fernández, Raymundo L., “Fundamentos de la quiebra”, Buenos Aires, 1937, pg. 215). Determinar su fecha (art. 115 ley 24.552) implica establecer desde cuándo comienza el período de sospecha (art. 116 ley cit.) durante el cual opera la retroacción de los efectos de la quiebra.
La norma exige el conocimiento de la scientia decoctionis por parte del tercero para la procedencia de la acción (cfr. Cámara, Héctor, “El concurso preventivo y la quiebra”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1982, vol. III, pg. 2184 y ss.; Satta, Salvatore, Instituciones del Derecho de Quiebra, ed. Ejea, Buenos Aires, 1951, pg. 235-236; CSJN, “Horme, Roberto M. C/ Isola, Santiago”, 12-8-86; CNCom., esta Sala, “Zanba SA c/ Liubomir Knezevic y otro”, 10-9-78; entre otros); y si bien la prueba del conocimiento de la “insolvencia” recae sobre el accionante, esto no conlleva que la acreditación sea directa toda vez que resulta difícil demostrar fehacientemente que el tercero conoce el estado de cesación de pagos, por lo que su acreditación puede operar a través de indicios (CNCom., esta Sala, “Huberman, Víctor s/ concurso civil c/ Cigyel, Marta s/ ordinario”, 15-12-93).
3. Perjuicio
El perjuicio irrogado a la masa es requisito para la procedencia de la inoponibilidad concursal (cfr. Cámara, Héctor, ob. cit., pgs. 2106, 2108 2183 y ss.; Fernández, Raymundo L., ob. cit., pg. 953, 962 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La revocación de los pagos efectuados por el deudor concursado”, RDCO 1978, ed. Depalma, Buenos Aires, pg. 596; CSJN, “Horue, Roberto c/ Isola, Santiago”, 12-8-86; CNCom. Sala A, “Guillermo Kraft Ltda. SA”, 30-4-82; Sala D, “Artifort SA c/ Banco del Buen Ayre”, 13-8-84; Sala E, “Ascensores Electra SA c/ Almagro Construcciones SA”, 26-8-87).
Ahora bien, no todo menoscabo o daño al patrimonio del deudor perjudica a sus acreedores en los términos de la normativa concursal; aquél difiere del daño genérico patrimonial, vinculándose estrechamente con la violación de la pars condicio creditorum. Su ruptura perjudica al patrimonio del deudor que deberá responder con todos sus bienes.
La ley concursal vigente explicita como requisito para la procedencia de la acción, el perjuicio para la masa; y el art. 119 lo presume, cuando se acreditó el conocimiento del estado de cesación de pagos por el tercero. Éste –para liberarse- debe desvirtuar la presunción probando que el acto atacado no fue dañoso.
En otros términos, la norma presume que acreditado el conocimiento de la cesación de pagos, el acto perpetrado fue dañoso para los acreedores y entonces pone en cabeza del tercero la prueba del no daño.
4. Prueba indiciaria
4.1. Esta Sala sostuvo que cuando el síndico concursal incoa la acción revocatoria, debe aportar prueba conducente para su procedencia (“Cigaif SA s/quiebra c/ Kraff”, 6-3-89; “Bevilacqua Hnos.y Cía SECPA s/ quiebra c/ Vázquez, Abel y o.”, 30-4-98; Sala A, “Demattei, Héctor R. Y o. c/ Chalita, Elías”, 5-3-79; Provinciali, Renzo, “Tratado de derecho de quiebra”, ed. AHR, Barcelona 1958, vol. II, pgs. 195 y ss.; Satta, Salvatore, “Instituciones del Derecho de Quiebra”, ed. Ejea, Buenos Aires, 1951, pgs. 254 y ss.).
Ello -reitero- no significa que tal prueba deba forzosamente ser directa, pues puede surgir de indicios o presunciones (cfr. art. 163, inc. 5°, párr. 2°, CPCCN) que deben ponderarse conforme a las constancias del expediente (CNCom., esta Sala, “Cigaif S.A. c/ Ríos, Luis y o.”, 8-6-88; Sala A, “Empresaria S.C.A. y o.”, 28-5-84; Sala C, “Construcciones Acuario S.A.”, 8-3-82; idem, “Selaco SA c/ Banco de Italia y Río de la Plata”, 29-11-84; entre otros).
4.2. Como expuse en votos anteriores (entre otros: “Pesquera Alondra s/ quiebra s/ incidente de ineficacia concursal s/ ordinario”, 15-8-06; “Revestimientos J. S. Martin S.A. s/ quiebra s/ incidente de revocatoria concursal”, 21-9-07) la prueba indiciaria no exige, necesariamente, una pluralidad de elementos que por su precisión, gravedad y concordancia puedan formar la convicción del juez en un sistema de valoración de prueba regido por las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN); puede existir un sólo elemento que permite concluir lógicamente el hecho relevante de la determinación tomada en juicio.
El juez tiene la facultad de recurrir a la prueba indiciaria para valorar los hechos relevantes de la causa, por cuanto en el ámbito probatorio la renuncia consciente a la verdad jurídica constituye una falta del deber fundamental del magistrado: administrar justicia; o sea, el consciente desconocimiento de elementos fácticos es incompatible con esta misión (CNCom., esta Sala, “Armanino, Leopoldo Aquiles c/ Colegio del Árbol SA y ot.”, 28-10-05).
4.3. Adicionalmente, en la apreciación de la prueba puede el juzgador inclinarse por la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo ello en definitiva, una facultad privativa del Magistrado quien tiene el deber y la facultad de dirimir los conflictos litigiosos según el derecho vigente; calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en los preceptos jurídicos que la rigen, con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes.
Desde el conocido caso “Colalillo” no es tema controvertido que el proceso tiene como dato arcóntico el establecimiento de la verdad jurídica objetiva y ésta es la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes han fundado sus respectivas pretensiones y la determinación de su significación jurídica en función de la legislación aplicable (CNCom., esta Sala, “Automotores Juan Manuel Fangio S.A. c. Domínguez y Compañía S.A.”, 5-2-04).

VII. LAS PRUEBAS DE AUTOS
Sentadas las premisas sobre la que se estructurará el presente voto, procederé a evaluar las probanzas cumplidas en la causa.
1. Convenio de reconocimiento y cancelación de deuda
Celebrado entre la fallida y “Sevel” el 29-11-99 (v. fs. 273/274), surge del mismo que aquélla le abonó a la codemandada las siguientes sumas: a) u$s 1.953.000 mediante la entrega de repuestos conforme factura emitida por “Coelho” por la suma total de $ 2.267.953 -incluido el I.V.A.-; y, b) u$s 1.634.190, abonado en efectivo (cláus. 3a.).
En el indicado convenio se consignó que en caso de que los bienes entregados fuesen observados por “Sevel”, la fallida se comprometía a reemplazarlos “por idénticos repuestos en condiciones de ser utilizados o abonar el importe de los mismos dentro del quinto día de haber sido intimado al efecto, al valor oficial de cada repuesto según los precios vigentes al día del reclamo que suministra Sevel a sus concesionarios” (cláus. 4a.).
Aceptando la quebrada hacerse cargo de “la obligación de Greene S.A. y Coelho Centro S.A. de entregar los automóviles a los suscriptores de planes de ahorro administrados por CISA, sin costo alguno para Sevel o CISA ni cobro de comisión” (cláus. 7a.).
2. Acuerdo complementario
Fue suscripto por las partes en la misma fecha (29-11-99) que el convenio indicado en el punto anterior (v. fs. 280/282).
Mediante éste “Sevel” reconoció “adeudar a Coelho... $ 301.114, en concepto del crédito que tiene su causa en el impuesto al valor agregado pagado en exceso por Coelho a Sevel en la factura... del 8-9-99...” (cláus. 2a.), estableciéndose que la fallida asumía el pago de los gastos por un total de $ 171.510,57, en concepto de las escrituras públicas que instrumentaron “diversos actos jurídicos celebrados por Coelho, Greene..., Coelho Centro..., Firmeza Inmobiliaria... y Sergio Fabián Coelho con SEVEL y CISA...” (cláus. 3a.); y, que dicho monto se compensaba con el importe que “Sevel” reconoció adeudarle en la cláusula segunda (cláus. 4a.).
3. Finalización de la relación de concesión
3.1. Surge del documento obrante a fs. 286/288, que en la misma fecha en que la fallida y la demandada celebraban los convenios parcialmente transcriptos en los dos puntos anteriores, “Sevel”, “Cisa” y “Coelho Centro” decidieron poner fin a la relación de concesión que las unía, a partir del 29-11-99 (cláus. 2a.).
3.2. En tanto que el convenio celebrado el 29-11-99 entre las demandadas y “Greene” (fs. 290/292), da cuenta que ésta decidió finalizar como concesionaria de las primeras, a partir del 28-2-00 (cláus. 1a.).
3.3. Respecto a la fallida, renunció a la concesión a partir del 15-5-00, conforme consta en la carta que envió a “Sevel” el 18-4-00 (fs. 326).
4. Normas de actuación
Del reglamento que regía la relación entre “Sevel” y la quebrada (fs. 618/680), surge que ésta debía remitirle en forma trimestral, los “resultados de explotación completos y exactos o... información operativa suficiente. Asimismo... dentro de los primeros seis meses siguientes al cierre de su ejercicio comercial, sus balances debidamente certificados...” (fs. 651, punto 9).
También se comprometía “Coelho” a permitir “el ingreso... de cualquier empleado (s), o representante designado por o de la Compañía... (con el objeto de) ...(e) Realizar auditorías respecto de las cuentas y registros del Concesionario... (aceptando que) ...se hagan copias de cualquier cuenta y registro que debe mantener y guardar el Concesionario...” (fs. 651, punto 10).
5. Testimonios
5.1. A fs. 576/580 José Coelho afirmó que el grupo “Coelho” canceló la deuda que tenía con “Sevel” (resp. a 3a. preg.), explicitando que la fallida “tenía la obligación moral de agradecimiento hacia Peugeot... (por lo que mantuvo) ...un año y meses de negociaciones con Sevel para poder llegar a... cero con esa deuda... mediante un acuerdo que nos recibían todos los repuestos que teníamos y unas propiedades... (con lo que) ...cancelamos su deuda...” (resp. a 6a. preg.).
5.2. En tanto que Sergio Fabián Coelho manifestó (v. fs. 582/585) en referencia a la valuación de los repuestos entregados en parte de pago, que “Sevel puso un valor y nosotros lo consensuamos...” (resp. a 9a. preg.).
5.3. De su lado, el contador del grupo “Coelho”, Luis Alberto Lambruschini, afirmó (fs. 1009/1012) que las obligaciones impuestas por las “normas de actuación” establecidas por la codemandada fueron debidamente cumplidas, al presentar en un formulario tipo provisto por la concesionante “un estado contable financiero, en forma trimestral, semestral y anual... (que) ...se lo enviábamos a Sevel con la firma del contador externo... Además se les enviaba el balance anual... que se presentaba por ante la Inspección General de Justicia” (resp. a 11a. preg.).
Agregó que era habitual que la terminal enviara “auditorías al concesionario Coelho... hacían control de stock físico de unidades, de situación de círculo de inversores, la parte de caja y otros datos de interés para la terminal” (resp. a 15a. preg.). Asimismo, aseveró que personal jerárquico de “Sevel” concurría frecuentemente a controlar como estaban las ventas (resp. a 17 y 19 preg.) y que, hasta que estuvo a cargo de la contabilidad de la fallida (1998), ésta cumplió en tiempo y forma con el envío de la documentación contable a “Sevel” (resp. a 1a. repreg.).
6. Peritación contable
6.1. El perito contador de oficio en su informe parcial de fs. 1082/1085, expuso que “la suma de dinero en efectivo abonada por Coelho S.A. a Peugeot de acuerdo al convenio del 29-11-99, fue suministrada por Coelho Centro, con el dinero que Peugeot abonara por los inmuebles...” (punto 3).
Al responder las impugnaciones efectuadas por la codemandada, adujo que “según consta en el libro diario N° 34 de Coelho S.A. el origen de los fondos... (abonados a Peugeot) ...corresponde a ‘Acreedores Financieros’...” (fs. 1106/1107).
6.2. Al responder (fs. 1451/1452) una nueva impugnación de la demandada refirió que de los libros contables de “Peugeot” surge:
i) el “...pago realizado por Coelho S.A... el 29-11-99... contabilizado mediante comprobante de fecha 7-12-99... bajo el concepto ‘depósito del concesionario’ por $ 1.634.190, documento N° 5262, cuya copia fuera oportunamente solicitada y hasta la fecha no ha sido suministrada”;
ii) “...respecto del inventario de repuestos entregado a Peugeot... por parte de Coelho S.A., la única referencia contable... es la contabilización de la... factura N° 4286 emitida por Coelho S.A. por un valor de $ 2.267.953, que fuera contabilizada el 20-1-00”; y,
iii) la inexistencia de “comprobante de ingreso de stock de repuestos relativo a tal operación... no existe un inventario de repuestos recibidos de Coelho S.A.... siendo imposible determinar la antigüedad de los repuestos, así como su valor unitario... tampoco se puede determinar el valor total de los repuestos...”.
6.3. Ante el requerimiento del experto contable, “Peugeot” aportó la siguiente documentación (fs. 1455/1462): a) extracto de cuenta donde figura el depósito realizado en efectivo el 29-11-99, por $ 1.634.190,00 (fs. 1455); b) imputación contable N° 5262 respecto del depósito del punto anterior (fs. 1459); c) resumen de la cuenta de mayor donde consta la acreditación en la cuenta de la fallida, del importe indicado en a); y, d) factura N° 4286 expedida por Coelho S.A. por $ 2.267.953,00 (fs. 1461).
6.4. En su informe final (fs. 1505), el perito contador detalló ciertas inconsistencias advertidas al compulsar los registros contables de “Peugeot” durante el período 1-1-99 al 31-1-00: i) diferencias “entre los importes de Carátula y Subdiarios” sin debida justificación, a pesar de los reiterados requerimientos que se le efectuó; ii) excepto por la “imputación contable de la Factura N° 4286 de Coelho S.A., no se ha verificado la existencia de comprobantes de ingreso de repuestos y/o herramientas en la empresa Peugeot...”; iii) no existe detalle de los repuestos ingresados ni pudo verificarse “en los registros de Almacenes, lo que conlleva la imposibilidad de valorizar pormenorizadamente los elementos...”.
6.6. A las aclaraciones requeridas por “Peugeot”, el perito contador expresó (fs. 1548/1549) que: a) el “importe de $ 301.114 correspondiente a la supuesta retención de IVA... no fue documentada... (su) ...devolución y/o compensación... por parte de Peugeot a Coelho S.A.... (aclarando) ...que como resultado global del Convenio fue registrada la retención del importe... (...como Percepción de IVA), no así su devolución y/o compensación”; b) respecto a los repuestos, “...lo único y valedero que pudo constatar... es la existencia de la Factura N° 4286 emitida por Coelho S.A., por la cual... documenta la entrega de los mismos a Peugeot... como se había estipulado en el Convenio...”; c) sobre la constatación del ingreso físico de los mencionados repuestos, “requirió y propuso desde el inicio de su tarea... diversos métodos; tanto directos como indirectos, para ubicar fehacientemente tal ocurrencia. En todas y cada una de esas oportunidades, la respuesta fue coincidente en que era imposible determinar el punto físico de ingreso, así como la registración del mismo; debido a la antigüedad de la operación, la diversidad de elementos ingresados... no... (suministrándose) ...ningún tipo de información”.
6.7. Ante mayores precisiones requeridas por “Peugeot”, el experto contable determinó a fs. 1597/1598 que el “archivo magnético conteniendo datos extraídos del sistema de Stock de Repuestos de la empresa con el presunto detalle de la operación de retome de repuestos que tuviera lugar como parte del convenio suscripto con Coelho... carece de sustento, en cuanto no existen los comprobantes respaldatorios respectivos... (habiéndole expresado el asesor técnico de “Peugeot” que esa) ...documentación respaldatoria es inexistente... lo cual resulta inadmisible... (cuando) ...aún no se... (cumplieron) ...los 10 años mínimos de retención”.
Y agregó: “en el supuesto de pretender valorizar la información suministrada tal tarea resulta imposible, ya que los valores facilitados por la propia Peugeot apenas cubren una fracción de los objetos listados, desconociendo el valor de los restantes, como indica la leyenda ‘no existe en base comercial’...”.
De tal modo, ratificó lo expuesto en reiteradas oportunidades, respecto a “...que es imposible estimar un valor para los repuestos presuntamente recibidos, en tanto y en cuanto la tarea del experto consiste en establecer una valuación criteriosa, justificada y repetible, basándose en documentación fehaciente”.
7. Acta de directorio de Sevel
En el acta del 17-11-99 (fs. 1180/1182), se dejó constancia que “...en virtud de la deuda que Coelho S.A., Coelho Centro S.A. y Greene S.A. mantienen con la Sociedad, el Comité de Concesionarios Críticos ha informado que se han realizado intensas gestiones a fin de que aquellos cancelen la misma que, al 30-9-99 se componía de la siguiente manera... resultado de dichas negociaciones, el Comité... y los concesionarios han acordado en que éstos abonen a la Sociedad las deudas antes referidas, de la siguiente manera: 1. Coelho S.A.: - cederá títulos propios por u$s 51.810; - abonará la suma de u$s 1.634.190; - Entregará repuestos por un valor de u$s 1953.000; -Solicita la concesión de una quita por u$s 3.464.000, como anulación de intereses”.

VIII. LA DECISIÓN PROPUESTA
1. Determinación de la cesación de pagos
En su primer queja, “Peugeot” afirma que es erróneo rechazar la impugnación por extemporánea, ya que la expiración del plazo del art. 40, LCQ no impide que se cuestione posteriormente la fecha de cesación de pagos establecida en el informe general, por encontrarse legitimada para impugnarla en la primera oportunidad procesal que tuvo, reiterando textualmente los argumentos esgrimidos al responder la acción.
1.1. Establece el art. 115, LCQ, que la fecha que se determine por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos hace cosa juzgada respecto del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación y refiere al alcance retroactivo que la ley otorga a la sentencia de quiebra, que habilita la declaración de ineficacia de los actos ejecutados por el deudor en detrimento de su patrimonio, los cuales tienen como fundamento su actividad fraudulenta perjudicial a sus acreedores.
El texto legal alude, expresamente, a los acreedores concurrentes; es decir, aquellos que acudieron al proceso falencial pidiendo verificación. Por lo tanto, resulta extemporánea la impugnación a la determinación de la fecha de cesación de pagos efectuada en la quiebra y deducida por “Peugeot” en la presente causa, en tanto por revestir el carácter de acreedor verificado se encontró legitimado para deducirla en las oportunidades previstas en la ley falencial, aún cuando su crédito se admitió en una suma inferior a la peticionada (en igual sentido: CNCom., Sala C, “Martínez, José s/ quiebra s/ incidente de impugnación a la fecha de cesación de pagos”, 29-12-94, LL 1996-C, 773).
1.2. Sin perjuicio de lo anterior y en mérito al segundo argumento en que el recurrente funda su primera queja, esto es, incompatibilidad de fijar la fecha de cesación de pagos en fecha anterior (28-9-99) a que la fallida cancelara su deuda (29-11-99) con “Sevel”, dicha circunstancia es la que acredita, precisamente, que la cesación de pagos existía a la fecha de celebración de los convenios cuya ineficacia se persigue; de lo contrario, esta ponente no puede explicarse las razones de las trascendentes quitas efectuadas por una empresa como la demandada de la cual no puede predicarse que persiga fines altruistas como sostiene, sino que su fin es, como lógicamente sucede en una sociedad comercial, el lucro.
1.3. En otro orden de ideas, cabe recordar que la necesaria perduración del estado de cesación de pagos no excluye el eventual cumplimiento de algunas obligaciones del deudor como aconteció en el sub lite (en igual sentido: CNCom., Sala D, “Goldschmit, Mario Oscar s/ quiebra”, 4-6-99; Sala E, "Eguidin, Mario Alberto s/ quiebra", 12-2-04; Sala A, "Rodríguez de Moyano, Ángela s/ quiebra s/ inc. art. 250", 29-11-05).
Se declara inaudible el agravio aquí tratado.
2. Inexistencia de conocimiento del estado de cesación de pagos
2.1. En su segunda queja y a fin de sustentar el pretenso desconocimiento del estado de cesación de pagos de la fallida, sostiene la recurrente que las dificultades financieras de la quebrada comenzaron en 1993; que las negociaciones a fin de reestructurar la deuda que mantenía con la concedente comenzaron más de un año antes de la firma de los convenios cuestionados en autos; y, que éstos le permitió continuar con su operatoria comercial.
Como expuse ut supra, en el marco de una acción de revocatoria concursal resulta poco probable encontrarse con pruebas directas que acrediten el conocimiento por parte del tercero de la impotencia patrimonial del fallido, por lo que demostrar tal conocimiento constituye prácticamente una prueba diabólica. De allí que deba recurrirse a la prueba presuncional, corroborando que existan indicios graves, concordantes y precisos, que tengan virtualidad para hacer plena prueba conforme a las reglas de la sana crítica, resultando suficiente demostrar (por esta vía indiciaria) que el tercero debió tener conocimiento del estado de cesación de pagos de su deudor, presumiéndose su propia torpeza si no lo tuvo (en igual sentido: CNCom., Sala C, "Telfrix S.A. s/ quiebra c/ Mivapi S.A.", 29-12-94; Sala D, "Dias dos Santos, Américo s/ quiebra c/ Marcatario de Guelda, Ana s/ inc. de revocatoria concursal", 26-12-96; Sala A, “Sabbatiello, Gerardo c/ Armani, Jacinto s/ ordinario”, 10-10-06; entre muchos otros).
En ese sentido, lo que debe demostrarse no es el conocimiento efectivo sino que tal estado es cognoscible para quienes se comportan diligentemente (CNCom., Sala E, “Frigorífico Moreno S.A. s/ quiebra c/ Alvarez de Suaya, Mirta, s/ ordinario”, 17-8-06).
2.2. Sentado lo anterior, destaco que la circunstancia de que la fallida hubiese continuado operando con posterioridad a la fecha de cesación de pagos establecida no es suficiente para desvirtuar el estado de insolvencia patrimonial en que se encontraba, ante la impotencia para atender sus compromisos con medios ordinarios, pues tal estado habitualmente se configura durante un período de mayor o menor duración, que puede iniciarse con una serie de hechos de significación ambigua pero que, al tiempo de decretarse la quiebra, determinan la fecha inicial de la cesación de pagos (CNCom., Sala A, “Pesquera San Jorge S.A. s/ quiebra s/ incidente por la fallida”, 21-11-86; en igual sentido: Sala E, "Lorenzo Soto y Cía s/ quiebra s/ inc. art. 250", 23-12-93; Sala D, "Automotores Ferretería Francesa S.A. s/ quiebra s/ inc. de observación a la fecha de cesación de pagos", 28-12-97).
Así es, obsérvese que con el aludido reconocimiento se canceló -además de la denominada cuenta de relación- un acuerdo que habían celebrado las partes el 27-7-96; ese primigenio convenio incumplido revela, en principio, el estado de desequilibrio patrimonial en que se encontraba la fallida, causado por la ausencia de recursos con carácter permanente.
Ello así, resulta inadmisible la postura de “Peugeot-Sevel” respecto a que desconocía la impotencia patrimonial de “Coelho”, cuando tal circunstancia databa de tres años antes a la firma de los convenios objeto de autos y motivó la intervención del Comité de Concesionarios Críticos de la que da cuenta el acta obrante a fs. 1180/1182.
Conclusión no desvirtuada por la codemandada, quien omite demostrar que la desatención del primer convenio de refinanciación obedeció a causas diversas de aquellas que llevaron a la deudora a solicitar y obtener la aludida refinanciación (CNCom., Sala A, “Cía. Argentina del Cierre Relámpago s/ quiebra”, 28-5-97; en igual sentido: Sala D, "Arrighi, Norberto s/ quiebra", 23-9-94; Sala E, "Cía. Técnica Instrumentación y Montaje S.A. s/ quiebra", 24-10-95; esta Sala, "Moszel, Luis Bernardo s/ quiebra", 9-12-02).
2.3. Atinente a la convicción que la agraviada pudiese tener acerca de la conveniencia de refinanciar la deuda de la fallida para superar las dificultades derivadas del giro comercial, no obsta a la eventual declaración de ineficacia de los convenios celebrados entre las partes, cuando es evidente el conocimiento del estado de cesación de pagos de su contratante. Máxime cuando en razón de su relación cotidiana con la concesionaria fallida (recuérdese las atribuciones concedidas por las “normas de actuación” a cumplir por los concesionarios), se halló en situación privilegiada para detectar las primeras manifestaciones de hechos significativos de dificultades de su cocontratante y, evaluar su grado de peligrosidad (en igual sentido: Sala E, "Desaci Diesel Electromecánica S.A. s/ quiebra c/ Banco Sudameris S.A. s/ ordinario", 13-3-08).
Lo hasta aquí expuesto y el reconocimiento expreso que la quejosa sentó en su expresión de agravios, referido a que las dificultades financieras de la quebrada comenzaron en 1993 y que las negociaciones que culminaron en la suscripción de los convenios datados en noviembre de 1999 habrían comenzado al menos en 1998, permiten sostener el cabal conocimiento que tenía de la cesación de pagos en que se encontraba la fallida a dicha época, por lo que su queja será desestimada.
3. Inexistencia de perjuicio
3.1. La LCQ: 119 consagra la posibilidad de recurrir a la "revocatoria concursal" para solicitar la inoponibilidad de un acto celebrado durante el periodo de cesación de pagos, resultando necesario para admitir su procedencia que se encuentren acreditados dos presupuestos: uno objetivo, que es el perjuicio y que presupone la existencia de perjuicio a los acreedores, y uno subjetivo que implica el conocimiento del estado de cesación de pagos por el tercero.
Respecto del primer requisito que es el que nos ocupa en este punto, se encontraba discutido en doctrina -antes de la sanción de la actual ley de concursos y quiebras- si aquél se presume o debe probarse. La ley 24.522 vino a dilucidar la cuestión al consagrar expresamente que el tercero es quien debe probar que el acto no causó perjuicio a los acreedores concurrentes. Consecuentemente, en el sub lite debe determinarse si el recurrente justificó que el acto no causó perjuicio (CNCom., esta Sala, “Papelera Juan V. F. Serra s/ quiebra c/ Celulosa Argentina S.A. s/ ordinario -revocatoria concursal-“, 20-6-08).
Lo anterior, porque nos encontramos frente al dato objetivo, insolvencia, en el que se identifica la presunción legal. El acto jurídico celebrado en el período de sospecha hace presumir juris tantum mala fe de las partes intervinientes; y el agravio para los acreedores se manifiesta por la complicidad que en la maniobra se presupone en el tercero conocedor de la crítica situación económica por la que atravesaba el deudor (CNCom., esta Sala, “Cigaif S.A. s/ quiebra c/ Ríos, Luis”, 8-6-88).
3.2. La entrega de bienes efectuada por la fallida -con posterioridad a la fecha de cesación de pagos establecida en el proceso falencial- destinado a pagar íntegramente el crédito de determinado acreedor en desmedro de otros, configura la causal prevista por el art. 119, LCyQ, por buenas que hayan sido las intenciones que animaron tal comportamiento, en tanto encuadra objetivamente en los actos descriptos por la ley en pleno periodo de sospecha y con conocimiento del estado de cesación de pagos, como ya se explicitó ut supra (en similar sentido: CNCom., Sala C, “Incocer S.A. s/ inc. de calif. de conducta”, 5-10-90).
Por lo expuesto, los argumentos del acreedor respecto de la pretendida inocuidad para la masa del acto ineficaz carecen de fundamento pues el perjuicio está implícito en el hecho que a través del acto de dación en pago el citado acreedor intentó salir indemne de la situación prefalencial de la deudora, percibiendo la total o buena parte de su acreencia en perjuicio de los demás, que concurrieron a la liquidación forzosa y simplemente deberán conformarse con la expectativa de percibir sus créditos conforme a la ley de dividendo (CNCom., Sala C, “Tutora Cía. Sudamericana de Seguros S.A. s/ liquidación por disolución forzosa s/ inc. de declaración de ineficacia por Banco de Italia”, 24-6-94).
3.3. Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la acción de revocatoria concursal no refiere a la reducción injustificada del patrimonio del fallido, sino que tiene por fundamento y objetivo la tutela de la igualdad de acreedores, la que se vería alterada de convalidarse aquellos actos que la ley declara inoponibles a la masa por el tiempo y modo de su celebración, circunstancia que torna anulables los actos, porque lo que se persigue con la acción de ineficacia es retrotraer las cosas a su estado primitivo, tal como se encontraban antes de la celebración del acto impugnado (CNCom., esta Sala, “Mico y Sevilla S.R.L. c/ José Delgado s/ revocatoria concursal”, 25-6-93).
Tampoco acierta respecto a la alegada inexistencia del nexo de causalidad entre la disminución del activo de “Coelho” y los convenios celebrados con la quejosa, pues aquél se encuentra debidamente acreditado con los balances de la fallida conforme se explicitó en el acápite I., punto 1.3.; y, con el testimonio vertido por el presidente de la sociedad fallida (v. acápite VII., punto 5.1.).
En cuanto a la pretensión subsidiaria interpuesta por la agraviada, deviene inadmisible que en este proceso se le reconozca el crédito que pretendió cancelarse mediante los convenios cuestionados, en virtud de la existencia de un procedimiento especial previsto en la ley falencial a dichos fines, por lo que deberá peticionar conforme lo allí dispuesto.
Lo expuesto sella la suerte del agravio aquí tratado.
4. Condena improcedente
4.1. Pago en efectivo
La codemandada -ensayando pueriles argumentos y sin demostrar yerro alguno por parte del sentenciante de grado- recurre la sentencia porque se la condenó a la devolución de la suma recibida en efectivo ($ 1.634.190), omitiendo el hecho de que la decisión atacada se fundó en el contrato celebrado entre las partes y las pruebas cumplidas en autos, cuya producción fiscalizó la quejosa conforme surge de las sucesivas observaciones y/o aclaraciones que efectuó oportunamente.
Así es, el a quo tuvo en cuenta no sólo lo dispuesto en la cláusula 3a., punto b) del convenio celebrado el 29-11-99 (v. fs. 273/274), sino también lo informado por el perito contador, quien expuso que si bien la suma abonada por la fallida provenía del dinero que la quejosa abonó a “Coelho Centro” -por la venta de inmuebles de su propiedad- (punto 3, fs. 1082/1085), consta en el libro diario N° 34 de la quebrada (“Coelho”) que tal importe se correspondía a lo percibido por “acreedores financieros” (fs. 1106/1107), lo que implica que “Coelho Centro” resultaba ser deudora de la quebrada, por lo que es erróneo el argumento de la codemandada respecto a que el pago efectuado en efectivo proviene de un tercero.
A mayor abundamiento, de los propios libros contables de la recurrente consta que tal pago se contabilizó como “depósito del concesionario”, por lo que libró el comprobante N° 5262 del 7-12-99; éste documento fue entregado por la misma quejosa al perito contador, junto con el extracto de cuenta donde figura el depósito realizado en efectivo por $ 1.634.190,00 y, resumen de la cuenta de mayor, donde surge que se acreditó en la cuenta de la fallida el importe indicado (v. fs. 1451/1452, 1455 y 1459).
4.2. Repuestos
4.2.1. Sostiene la codemandada que se violó el principio de congruencia y su derecho de defensa, fallándose extra petita al condenar a la restitución del valor asignado al stock de repuestos, cuando la pretensión del síndico al promover la presente acción fue su devolución, planteando subsidiariamente el pago de aquellos.
La postura asumida por la agraviada en este ítem es errónea, porque admitir el reclamo subsidiario interpuesto, cuando el reclamo principal (esto es, la entrega de los repuestos) devino de imposible cumplimiento, no viola el principio de congruencia ni se falla excediendo lo peticionado.
4.2.2. Tampoco se violó su derecho de defensa, pues -como ya se expusiera en el punto precedente- intervino activamente en la producción de las pruebas producidas en la causa. Y si el a quo no condenó a la restitución en especie, tal circunstancia es producto de la propia desidia de la quejosa, quien no aportó los elementos necesarios para su individualización.
Así surge de lo informado por el perito contador designado en autos, quien manifestó que no pudo ubicarse “comprobante de ingreso de stock de repuestos relativo a tal operación... no existe un inventario de repuestos recibidos de Coelho S.A. en Peugeot... siendo imposible determinar la antigüedad de los repuestos, así como su valor unitario... tampoco se puede determinar el valor total de los repuestos en la contabilidad de Peugeot...”. (fs. 1451/1452). Conclusión reiterada al responder las sucesivas aclaraciones requeridas por la codemandada y que, sintéticamente, se transcriben a continuación:
i) a excepción de la “imputación contable de la Factura N° 4286 de Coelho S.A., no se ha verificado la existencia de comprobantes de ingreso de repuestos y/o herramientas en la empresa Peugeot...” (fs. 1505);
ii) lo único que pudo constatar fue “la existencia de la Factura N° 4286 emitida por Coelho S.A., por la cual... documenta la entrega de los mismos a Peugeot... como se había estipulado en el Convenio...” (fs. 1548/1549);
iii) expresó que “requirió y propuso desde el inicio de su tarea... diversos métodos; tanto directos como indirectos, para ubicar fehacientemente... (el ingreso de los repuestos) ...En todas... esas oportunidades, la respuesta fue coincidente en que era imposible determinar el punto físico de ingreso, así como la registración del mismo; debido a la antigüedad de la operación, la diversidad de elementos ingresados... no... (suministrándose) ...ningún tipo de información”;
iv) carece de sustento el “archivo magnético conteniendo datos extraídos del sistema de Stock de Repuestos de la empresa con el presunto detalle de la operación de retome de repuestos que tuviera lugar como parte del convenio suscripto con Coelho... (ante la inexistencia de) ...los comprobantes respaldatorios respectivos... (explicitándole el asesor técnico de “Peugeot” que esa) ...documentación respaldatoria es inexistente... lo cual resulta inadmisible siendo que aún no se han cumplido los 10 años mínimos de retención” (fs. 1597/1598);
v) agregando a continuación que “en el supuesto de pretender valorizar la información suministrada tal tarea resulta imposible, ya que los valores facilitados por la propia Peugeot apenas cubren una fracción de los objetos listados, desconociendo el valor de los restantes, como indica la leyenda ‘no existe en base comercial’... (ratificando lo expuesto en reiteradas oportunidades, respecto a que resulta) ...imposible estimar un valor para los repuestos presuntamente recibidos, en tanto y en cuanto la tarea del experto consiste en establecer una valuación criteriosa, justificada y repetible, basándose en documentación fehaciente” (fs. 1597/1598).
4.2.3. Respecto al valor asignado a los repuestos, cabe recordarle a la recurrente que el precio surgió de la negociación que mantuvo con la fallida, de lo que da cuenta el convenio de fs. 273/274 (cláus. 3a.), donde consta que ésta canceló parte de la deuda mantenida con “Sevel”, mediante la entrega de repuestos valuados en u$s 1.953.000. Ello motivó que “Coehlo” emitiera la pertinente factura por el importe aludido, más el porcentaje correspondiente al I.V.A.
Lo anterior se corrobora con: a) el testimonio de Sergio Fabián Coelho (v. fs. 582/585) quien refirió en relación a la valuación de los repuestos entregados en parte de pago, que la fallida consensuó el valor fijado por la codemandada (resp. a 9a. preg.); y, b) lo expuesto por el perito contador quien señaló que consta en los libros de la codemandada, “la contabilización de la... factura N° 4286 emitida por Coelho S.A. por un valor de $ 2.267.953...” (fs. 1451/1452).
4.3. El crédito reconocido a favor de Coelho
En este punto asiste razón a la codemandada, en tanto surge de la certificación obrante a fs. 135 (a raíz de la impugnación realizada por la sindicatura al informe individual del crédito insinuado por “Sevel”) que, verificada la contabilización del convenio y del acuerdo complementario del 29-11-99 celebrado con la fallida, el importe de $ 301.114,00 que “Sevel” reconociera adeudar a aquélla, se compensó con los gastos asumidos por “Coehlo” en la cláusula 2a. del acuerdo complementario.
Tal circunstancia llevó a que en la etapa concursal se declarara admisible el crédito de la codemandada por $ 11.156,92.
4.4. Los improcedentes intereses dispuestos por el sentenciante
La pretensión de la recurrente de cristalizar los importes cancelados indebidamente por la fallida a su favor a la fecha del acto impugnado (29-11-99) deviene inaceptable e importaría un mayor perjuicio para los acreedores concurrentes, por cuanto de admitirse la no inclusión de los intereses compensatorios no se logrará recomponer el patrimonio de la fallida a su estado primitivo, atento la pérdida del poder adquisitivo de los valores detraídos más de diez años.
Lo requerido no tiene sustento legal, ya que al establecer el art. 129 de la ley 24.522 que la declaración de quiebra suspende el curso de los intereses de todo tipo, está referido sólo respecto a las deudas del fallido, no aludiendo a los créditos que éste tenga respecto a terceros. Una interpretación contraria habilitaría a todo acreedor de la quiebra a incumplir en término con su obligación y, de ese modo, licuaría su deuda por el mero transcurso del tiempo.
Así es, la suspensión de los intereses que ordena la citada norma tiene por fin cristalizar el pasivo y preservar la igualdad de los acreedores. Empero, aún respecto de la fallida, dicha suspensión de ningún modo significa la extinción de los intereses ya que los compensatorios (como es el caso de autos) se siguen devengando, renaciendo el derecho de los acreedores a percibir los accesorios suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, en caso de sobrante (CNCom., Sala C, “Romano Tiera S.C. c/ Turismo Río de La Plata s/ sumario”, 27-6-08, ED 14-11-08, Fallo 55608).
4.5. Corolario
En mérito a todo lo expuesto en el presente apartado, corresponde admitir únicamente la queja relacionada con la restitución del importe de $ 301.114,00, que se declara compensado con los gastos que debió irrogar la fallida conforme la cláusula 2a. del acuerdo complementario, desestimándose las demás interpuestas por el recurrente.
De tal modo, se modificará el monto condenado por el a quo en la sentencia recurrida, ordenándose a la codemandada a restituir a la quiebra la suma de $ 3.587.190,00 (pesos tres millones quinientos ochenta y siete mil ciento noventa), confirmándose lo demás decidido.

VIII. APELACIÓN CONCEDIDA A FS. 1412
La codemandada “Peugeot” sostuvo el recurso interpuesto a fs. 1387 contra la resolución del 7-3-06 (fs. 1175/1177) -que fuera concedido con efecto diferido a fs. 1412- con el memorial obrante a fs. 1418/1419, sosteniendo que debió apartarse del principio general de la derrota e imponer las costas en el orden causado. El memorial fue respondido por la sindicatura a fs. 1423, ratificando la extemporaneidad de la ampliación del ofrecimiento probatorio.
La eximición de costas (a la que apunta el quejoso al requerir se impongan por su orden) autorizada por el art. 68, CPCCN procede cuando media razón suficiente para litigar; expresión que contempla aquéllos supuestos en que por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado; mas ello no se basa en la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas (CNCom, esta Sala, “S.A. La Razón s/ concurso preventivo s/ incidente de cobro de crédito”, 25-2-93; “J. Dolhare y Compañía S.A. c/ Ceteco Argentina S.A. s/ ordinario”, 11-12-07).
No se verifica en autos ninguna circunstancia que permita soslayar el principio establecido en el art. 68, primera parte, del código de forma (CNCom, esta Sala, “Troncoso, Carlos s/ quiebra”, 23-12-92), que consagra la doctrina objetiva en materia de distribución de costas, según la cual éstas constituyen una reparación de los gastos en que debió incurrir el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho.
Ergo, la apelante debe cargar con el total de costas originado por el acogimiento de la excepción articulada por la sindicatura, por lo que se confirma la imposición de costas resuelta en el decisorio de primera instancia obrante a fs. 1175/1177.

IX. CONCLUSIÓN
1. El recurrente tuvo la carga de probar lo que afirmó, no lo hizo y ese fue el imperativo de su propio interés. Como es sabido, las simples alegaciones de las partes son inidóneas para producir convicción sobre su existencia, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo; no supone un derecho sino un imperativo para cada litigante (CNCom, esta Sala, “Kohl Carina Gabriela c. Citibank N.A.”, 28-6-02; ídem, “Cendon de Menéndez, María de la S. c/ Digital Toons, S.A.”, LL 15-4-98).
El apelante pretende una interpretación de los hechos que carece de apoyo en el plexo probatorio de autos. Su crítica, subjetiva, se basa en disensos con la decisión del a quo, pero no la critica idóneamente. Si pretendió otra interpretación, debió producir la prueba que la sustentara (cfr. CS, “Kopex Sudamericana SAIyC c/ Provincia de Buenos Aires”, 19-ñ12-85, Fallos 318-2555).
2. Las circunstancias señaladas a lo largo de la presente ponencia resultan ser indicios graves, precisos y concordantes (art. 163, inc. 5, CPr.), que permiten estimar probado el conocimiento de la cesación de pagos de la fallida por la co-accionada “Sevel”.
Y porque el Tribunal no solo conoce el derecho sino también la realidad social en que aquél debe ser aplicado, es que por los fundamentos que anteceden propongo al Acuerdo: a) confirmar la imposición de costas decidida a fs. 1175/1177; b) modificar la sentencia recurrida respecto al monto de condena, el cual se fija en $ 3.587.190,00, confirmándosela en todo lo demás decidido; c) imponer las costas de esta instancia a la codemandada vencida (art. 68, CPr.). He concluido.
Por análogas razones la Dra. Ballerini adhirió al voto anterior.
Disidencia parcial de la Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.
I. Comparto en lo sustancial la solución brindada por la distinguida vocal preopinante, si bien disiento en lo que respecta a la condena y al diez a quo de los intereses. Las razones que brindan sustento a la adelantada opinión, son las que seguidamente, en prieta síntesis expongo.
II. Luego de que el art. 118 LCQ establece taxativamente cuales son los actos que deben reputarse ineficaces de pleno derecho, la norma se ocupa de otros actos que –régimen especial mediante- tienden a conocer si éstos se concluyeron durante el período de sospecha, con conocimiento del tercero en relación al estado de cesación de pago del deudor, para así poder lograr la recomposición del patrimonio afectado.
En relación al nomen iuris, juzgo conveniente destacar que ‘revocatoria concursal’ es una denominación no del todo precisa, puesto que ningún acto se ‘revoca’, entendiéndose como revocación en sentido técnico a la íntegra eliminación del acto. Por el contrario, el cometido de la acción prevista en el art. 119 LCQ, no es la nulidad del acto, sino la inoponibilidad a la masa de acreedores.
La decisión judicial que dispone la declaración de ineficacia de un crédito produce la consecuencia de facultar a la masa de acreedores para hacer efectivo su derecho creditorio como si el acto no hubiera existido, independientemente de que permanezca válido entre el fallido y el tercero acreedor. Es decir, que el acto no se invalida erga omnes, pues tan solo se modalizan sus efectos, dejándolos subsistentes entre las partes, pero haciéndolos inoponibles a los terceros acreedores concurrentes en el proceso de la quiebra (CNCom., esta Sala, in re “Yarques S.A. s. quiebra s. incidente de verificación por Morillo Augusto”, del 14-10-96).
Juzgo que tampoco se trata de una ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos (como titula el artículo), en tanto si bien dichos actos son ineficaces, ello no se debe solamente al conocimiento de la insolvencia, sino que además se requiere un perjuicio, resultando éste en consecuencia un presupuesto objetivo para la procedencia de la acción, es decir el daño causado a la masa de acreedores como objeto de reproche. Es que si no hay daño no hay interés y -como enseña la teoría general del proceso-, sin interés no hay acción, ya que los jueces no podemos expedirnos sobre declaraciones abstractas.
Conforme el art. 519 del Cód. Civil, daño, "es el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo", precepto que guarda concordancia con el art. 1068 del citado plexo legal, al expresar que: "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".
En el referido contexto, el daño debe guardar adecuada relación de causalidad con la conducta antijurídica atribuida y, para ser indemnizable debe reunir los requisitos que uniformemente se reconocen en la doctrina y jurisprudencia: (a) ser cierto; (b) actual o futuro; (c) subsistente; (d) afectar un interés legítimo y personal del accionante y (e) guardar adecuada relación de causalidad con la conducta antijurídica.
De ello se desprende que, no se fijan ni se determinan pautas específicas para poder establecer la extensión del resarcimiento; razón por la cual, se deberá recurrir a las normas generales contenidas en el Código Civil y agrego que al incriminarse sólo conductas dolosas -ya sea de representantes o de terceros-, el autor responderá por las consecuencias inmediatas, mediatas, casuales y por daño moral (arts. 902, 904, 1068, 1069, 1077 y 1078, Cód. Civil); quedando en consecuencia, un campo muy amplio para la prueba que pueda aportarse, debiendo asimismo tenerse en cuenta que nuestra ley no sigue el modelo francés que, persigue la atribución de responsabilidad al representante por el pasivo social, sino que por el contrario, nuestra ley estructura una acción de reparación de daños.
Asimismo, debe tenerse presente que en nuestro derecho la responsabilidad civil encuentra, en cuanto a la extensión del resarcimiento dos límites: (i) no se puede atribuir responsabilidad más allá del daño efectivamente causado por el agente del hecho ilícito y; (ii) la indemnización no puede convertirse en un elemento de enriquecimiento del dañado, de modo que si el daño se ha enjugado por otro medio (alteraciones extrínsecas del daño, vgr. la compensatio lucri cun danno), no procede tampoco la indemnización total, sino sólo por el daño subsistente.
En el particular supuesto de autos donde en definitiva se trata acerca de la inoponibilidad de los pagos realizados, o sea, involucradas sumas de dinero, la extensión máxima de ésta, será la diferencia entre la masa pasiva y la masa activa de la quiebra. Para que de este modo todos los acreedores encuentren satisfacción íntegra de sus acreencias, con más los gastos y honorarios consecuencia del proceso falencial. Y, si el daño atribuido es la disminución de la responsabilidad patrimonial del fallido, la indemnización no podrá ser superior a esa disminución, ni tampoco superar las sumas que resulten del importe involucrado en la cesión.
En otros términos, si se reprocha a un representante haber vendido simuladamente un bien irrecuperable, deberá la indemnización que cubra el valor que ese bien tendría en el patrimonio del deudor (Rivera, Julio César, "Responsabilidad de terceros en la quiebra" en "Responsabilidad por daños", Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. II, p. 328/9, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990).
En relación a los intereses, juzgo que corresponde mandar liquidarlos desde la fecha de falencia de la deudora y no desde la celebración del acto atacado -en la especie, la suscripción del convenio celebrado entre las partes-. Es que solamente a partir de aquélla, el tribunal se encuentra en condiciones de establecer el inicio del estado de cesación de pagos de la deudora (arts. 115 y ss. LCQ) y; fundamentalmente porque es ésta la demarcación temporal del desapoderamiento de los bienes ‘ausentados’ del patrimonio de la cesante que finalmente resultan reincorporados al progresar la acción de ineficacia (cfr. Heredia Pablo, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, ed. Abaco de Rodolfo Depalma, T. IV, pág. 321 y sus citas a Maffei Alberti A., “Il danno nella revocatoria”, Cedam, Padova, p. 229 y Ricci E., “Revocatoria fallimentare dei pagamenti in danaro e computo degli interessi”, Giurisprudencza Comérciale”, t. 1980-I, p. 897).
III. Consecuentemente, propondré al Acuerdo, modificar la sentencia recurrida con el alcance de condenar a la defendida al pago de la suma que se manda liquidar en la etapa de ejecución de sentencia, con más los gastos devengados en la obtención del resarcimiento y recomposición en cuestión. Ello, sin perjuicio de los intereses que se calcularán mediante la aplicación de la tasa establecida en la anterior instancia desde la fecha de declaración de falencia y con el límite cuantitativo del ‘efectivo daño’ producido en la disminución patrimonial del fallido finalmente recompuesto.
He concluido.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Fdo.: María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Matilde E. Ballerini - Ana I. Piaggi.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010

Y VISTOS:
Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: a) confirmar la imposición de costas decidida a fs. 1175/1177; b) modificar la sentencia recurrida respecto al monto de condena, el cual se fija en $ 3.587.190,00, confirmándosela en todo lo demás decidido;; c) imponer las costas de esta instancia a la codemandada vencida (art. 68, CPr.)
Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Matilde E. Ballerini - Ana I. Piaggi.


JORGE DJIVARIS
SECRETARIO DE CÁMARA