FAMILIA Y SUCESIONES. Familia. Adopción. Guarda preadoptiva. Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Ministerio de menores.



Sumario:

Si una madre biológica entrega a una pareja en guarda de preadopción a su hija, por considerar que con la misma su hija tendrá una mejor vida, debido a sus apremios económicos, es correcto entregarle la guarda a dicha pareja aunque la misma no se haya inscripto en el registro de adopción correspondiente.
Sumario:

1.-Corresponde entregar a una pareja en guardia de preadopción a una niña cuya madre biológica sindicó a dicha pareja como a la que ella deseaba que críe a su hija por considerar que con la misma la menor sería más feliz, y ello, aunque dicha pareja no esté anotada en el Registro Único de Adopción, y, a mayor abundamiento, si de las pericias realizadas a la madre biológica surge que ella está en posesión de sus facultades, y tiene una tendencia a no hacerse cargo de la crianza de sus hijas mujeres.

2.-No hay disposición legal que expresamente prohíba a las madres que tiene un hijo por nacer elegir a las personas a quiénes desea entregarlos con fines de adopción, en pleno ejercicio del derecho constitucional y que refiere al principio de legalidad del artículo 19 última parte , de la CN.

3.-El Juez para conceder la guarda o rechazarla debió ponderar las situaciones presentadas, de la familia biológica, de los pretensos guardadores, valiéndose de los informes técnicos, todo ello bajo consideración primordial del niño. Sin embargo omitió valorar estos recaudos imprescindibles, denegando la guarda, siguiendo sólo la opinión de los Ministerios Públicos intervinientes, quienes entre otras consideraciones opinan se debe acudir al Registro Único de Adopción, desde que las personas allí inscriptas, están en mejores condiciones para afrontar la paternidad adoptiva, además de ofrecer el organismo aludido mayores y mejores garantías por el contralor permanente que realizan sobre estos casos.

4.-El proceso de adopción no tiene un sistema rígido establecido y se basa sobre la estructura destinada a comprobar la factibilidad de la adopción dentro de la normativa legal, donde el Ministerio Público es una parte controladora y en ese sentido nos hallamos ante un proceso voluntario". (Falcón: "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", T. VII, pág.671); "... que este proceso es de aquellos en los cuales la ley requiere para su cumplimiento la actuación de un magistrado judicial a fin de darles eficacia a través de un debido control". "Por otro lado señalamos que se trata de un proceso de características especiales previstas por la ley y con una finalidad: determinar la conveniencia y factibilidad de otorgar la guarda de un menor declarado en estado de abandono; en definitiva: determinar si la adopción conviene o es contraria al interés del menor".

5.-La resolución del Juez es violatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño de rango constitucional, en cuanto no respeta el Interés Superior del Niño, además vulnera el debido proceso al no pronunciarse sobre la existencia de algún impedimento legal que dé lugar a su rechazo. El sentenciante debió valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas de aquellos que pretenden la guarda preadoptiva. Compete al órgano jurisdiccional ejercer esta función, debiendo garantizar la protección del niño, con un control estricto sobre quienes tienen a su cuidado la niña, con la necesaria e imprescindible colaboración del los equipos técnicos.

6.-El instituto de la adopción no es un mero procedimiento asistencial que cubre la desolación de un niño abandonado, su objetivo es brindarle la posibilidad de insertarlo en una familia que supla a la de origen y que confiera al adoptado la calidad de hijo legítimo.

7.-No basta la sola demostración de los cuidados dados por esta familia y sus condiciones de idoneidad, es necesario valorar "la conveniencia para el menor", que no se basa en la riqueza o mejor posición económica que pudiera tener los adoptantes, ni en la situación apremiante, que dice la Defensora, tendría la familia biológica. Tampoco es razonable pensar que la pobreza es condicionante para tener privada la libertad. No existen dudas de que estas situaciones de pobreza y/o marginación acarrean como consecuencia, en muchos casos, el abandono de sus hijos en Institutos o bien los encontramos en la calle pidiendo una limosna o trabajando para sobrevivir, y es ante estos casos que el Estado tiene la obligación y es a quien le compete fortalecer a las familias a través de políticas sociales, que es justamente de las que habla la nueva ley provincial citada, en consonancia con las leyes nacionales y supranacionales ya dictadas.

8.-Pero no es el caso que aquí se trata, tampoco hay una situación de riesgo y/abandono de la niña como dice el Juez y los Ministerios. Con lo dictaminado y sentenciado se pretende desprender al niño del matrimonio que lo tiene desde su nacimiento, a quienes la madre les ha confiado y quienes se presentaron a la justicia a fin de hacer valer sus derechos.

9.-El procedimiento de adopción no es un mero procedimiento asistencial que cubre las falencias que pudiera tener un niño abandonado; no, el propósito es conferir al adoptado la calidad de hijo legítimo del adoptante y transferir a éste la patria potestad sobre aquél, cosa que, como puede verse a simple vista, nada tiene que ver una con la otra.. Aceptamos consecuentemente que aparte del vínculo originado en la naturaleza, existen otros vínculos espirituales que nacen de los sentimientos y que generan tan fuertes vínculos que justifican el desplazamiento de un niño de su lugar originario, esto es, fuera del ámbito de su familia de origen.

10.-En cada caso se requiere de un análisis prudente y detenido de las circunstancias fácticas; y especialmente de aquellas existentes al momento de tomar la decisión. Se omitió evaluar los recaudos imprescindibles para resolver la guarda solicitada. No se muestra como sensato arrancar literalmente a la niña de los brazos de la madre o de quien cumplió ese rol durante sus primeros años de vida, que en los hechos son quienes le están brindando la protección que manda la ley. Un matrimonio suficientemente evaluado puede estar en tantas o mejores condiciones de idoneidad que aquel que ya se encuentra inscripto en el registro de Adopción. Es lógico razonar que ningún perjuicio trae aparejado realizar un proyecto de vida basado en el amor que le pueda brindar una familia a un menor, ese amor que le ofrece la familia que lo cobijó desde su nacimiento. Vulnera el sentido común imponer jurídicamente soluciones que se apartan de los principios enunciados de rango superior.

11.-El art. 19 de la CN. asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho de elegir su proyecto personal de vida, siempre que ello no perjudique a terceros ni ofenda a la moral pública. Así, en el caso "Pozetti de Balbín c. Editoria Atlántida"  (sentencia del 11 de diciembre de 1984) dijo: "La protección material del ámbito de privacidad resulta, pues, uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas jurídicas autoritarias o totalitarias". Así, basándose en el derecho a la privacidad se consagran otros derechos derivados. El derecho de la madre en representación de su hijo, puede ella elegir el proyecto de vida so pretexto de defender intereses del niño?; se ha vulnerado o puesto en riesgo al niño al ser entregado a quienes la madre eligió? para ello el juez cuenta con las herramientas legales necesarias para dar una rápida respuesta y debe actuar con la prudencia que debe primar en su accionar.

12.-El art. 3  de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que "Las medidas que deben tomar los Tribunales serán considerando primordialmente el interés superior del niño, y que es primordial para ellos el derecho a permanecer en su familia, prioridad que sólo cede cuando de conformidad con la ley y los procedimientos aplicados la separación sea necesaria en el interés superior de aquél. Asimismo está reconocido el sistema de adopción cuando el interés superior lo exija (arts. 20 y 21 C.D.N.)

13.-El Juez debió resolver la conveniencia o no de la adopción, de acuerdo a las circunstancias que se le presentaron, y otorgar una solución rápida, en el caso, otorgar la guarda provisoria, que de hecho la ostentaba el matrimonio desde el nacimiento y que habría generado lazos entre el niño y la familia de éste. Debe reiterarse que la voluntad de la madre de entregar a su hija en adopción ha sido firme, libre de condicionamientos; no han existido vicios.

Fallo:

En la ciudad de Santiago del Estero, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil diez, reunidos los Sres. Vocales LUIS CÉSAR MANSILLA, AZUCENA BRUNELLO DE ZURITA y RAÚL JORGE LIMA (Vocal de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da. Nom.) bajo la Presidencia del Primero y ante la Secretaria autorizante, en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados "EXPTE Nº 397.119 AÑO: 2.009 C. N. J. Y B. C. H. sobre GUARDA CON FINES DE ADOPCION DE LA MENOR A. L. A.", venida en apelación la sentencia dictada por el Sr. Juez de Familia subrogante, con fecha 15 de febrero de dos mil nueve, que RESUELVE: 1°) Rechazar in limine la guarda y tenencia con fines de adopción solicitado por el matrimonio C. - B.. 2º) En atención a la condición de sujeto de derecho, con autonomía progresiva, de la menor L. A. A., debidamente representada por el Ministerio Pupilar interviniente, y a los fines de cumplir con las disposiciones de la ley 6915, ordénase como medida cautelar que la menor antes nombrada quede a disposición del órgano Técnico Administrativo de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cual es, la Subsecretaría de la Niñez, para que previa intervención de los equipos técnicos interdisciplinarios, en un plazo prudencial no mayor a 15 días adopte respecto de la menor L. A. A., D.N.I. Nº 49.645.334 las medidas ordinarias necesarias para la permanencia de la misma dentro de la familia biológica ampliada y que, para el caso que ello no fuera posible, adopte la medida excepcional pertinente, respetando siempre el mejor interés de la menor. 3º) Se hace saber a la Sra. Subsecretaria que para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 2) se encuentra investida con todas las facultades de ley, pudiendo hacer uso de la fuerza pública y allanar domicilios si el caso así lo requiere, instándola a que tal facultad sea ejercida en forma razonable, moderada y prudente atento a encontrarse en juego los superiores intereses de la menor. 4º) En atención a lo denunciado por el matrimonio C. - B. en la audiencia de fs. 38 vta., respecto al nombre del progenitor de la menor L. A. A., tanto la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia como el Ministerio Pupilar correspondiente, tome la intervención que correspondan 255  del C. Civil y art. 12  de la ley 26061 y su decreto reglamentario del 17/04/06, publicado en el Boletín Oficial el 18/04/2006. Not... Practicado el sorteo de estilo, del mismo resultó que los Sres. Vocales debían votar en el siguiente orden: Dres. Luis César Mansilla, Azucena Brunello de Zurita y Raúl Jorge Lima. Puesta la causa a estudio, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones a resolver:
1º) Es justa la sentencia apelada?
2º) Dado el caso, qué corresponde resolver?
A LA PRIEMAR CUESTION EL DR. LUIS CESAR MANSILLA dijo:
1º) Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, a fs. 59, y por la madre biológica de la menor cuya guarda se pretende a fs. 58, contra la sentencia dictada en auto de fecha 15/09/09, que rechazara in limine el pedido de guarda con fines de adopción solicitada por el matrimonio C. -B., impetrando los apelantes la revocación de dicha sentencia. Expresan sus agravios los pretensos adoptantes a fs. 64/71 vta. y haciéndo lo propio la Sra. A., madre biológica de la menor, a fs. 73/77 vta.. Respecto a los pretensos guardadores, expresan sus quejas manifestando que no existen causales de rechazo in limine, ya que tal decisión debe fundarse en que la demanda no se ajusta a las reglas establecidas, debiendo expresar el defecto que contengan; o por considerar que la pretensión articulada es manifiesta y objetivamente improponible, también expresando los fundamentos de su decisión (art. 340  CPCC). Sostienen que aquí no se trata del examen de los meros requisitos de la procedibilidad formal, sino de la decisión final que recae sobre la atendibilidad sustancial de la pretensión accionada, que determina si en el caso concurren las condiciones de su admisión (legitimación para obrar de las partes, interés procesal, derecho protegible, objeto jurídicamente posible, inexistencia de cosa juzgada). En cuanto a la admisibilidad formal enumera los requisitos establecidos por la ley de adopción 24.779 , enumerándolos y destacando que no existe ninguna causal que impida la procedencia de la guarda con fines de adopción. Afirma que al no haber ningún impedimento legal para ejercer la acción no hay motivo para su rechazo in limine. Asimismo expresa que tanto la doctrina como la jurisprudencia han precisado que no es requisito encontrarse inscripto en el Registro de Adoptantes, como que tampoco es requisito que la persona haya nacido para iniciar el trámite, por lo cual le resulta inaceptable e improcedente el fundamento de que no se provea la demanda por encontrarse la madre biológica dentro del período puerperal. Afirma que el Juez tiene todos los instrumentos técnicos necesarios para asegurar que la madre biológica preste su consentimiento con plena conciencia y en ejercicio de sus facultades (consentimiento informado), debiendo por lo tanto ordenar las medidas tendientes a su determinación en forma clara y precisa, valorando así mismo el interés del menor, no siendo necesario esperar la finalización de dicho período. No constituye tampoco impedimento para la proponibilidad de la demanda la cuestionada autonomía de la voluntad de la madre biológica para prestar su consentimiento con el inicio de las presentes actuaciones y para decidir quiénes han de ocuparse de su hija. Considera que el decisorio constituye una violación al debido proceso y un avasallamiento de los derechos al no brindar la oportunidad de probar y acreditar los extremos necesarios para su otorgamiento. También afirma que no se ha acreditado en forma alguna que la entrega del menor a los guardadores pueda ser perjudicial para el menor, lo que sería a su entender el único motivo del rechazo de la demanda. Critica también los planteos efectuados por los Ministerios Públicos intervinientes, haciendo un análisis de los mismos, a los que la sentencia acoge.
Por su lado la Sra. Defensora Dra. Soria Vildósola, considera que "la madre biológica, Srta. A., estaría abdicando de los deberes que le impone la Patria Potestad, por lo que no corresponde hablar de Autonomía de la Voluntad para decidir a quién entregar su hijo". Sostiene el apelante que esta valoración es errónea, que de lo que se trata en esta materia es lo que la doctrina ha llamado consentimiento informado, conforme al acual el Juez debe asegurarse de que la madre del menor entienda la naturaleza del acto y sus consecuencias, pero no puede arrogarse facultades de decidir el destino del menor, descalificando, desacreditando o menospreciando, prejuzgando la decisión y la voluntad de la madre biológica; cita doctrina referida al caso.
Por todo ello expresa que pretender que la Sra. A. se encuentra privada de ejercer los derechos de la Patria Potestad, constituye una manifiesta arbitrariedad y prejuzgamiento, ya que: no se encuentra privada de la Patria Potestad, la menor nunca fue abandonada o desamparada; en la audiencia fue sometida prácticamente a una indagatoria sobre los motivos por los cuales quería dar en guarda a su hija recién nacida; sus expresiones solo tendían a dejar en claro que no entregaba a su hija por motivos exclusivamente económicos; el informe psicológico es totalmente contradictorio con las conclusiones arribadas por la Defensora, ya que en las conclusiones, la psicóloga interviniente expresa que la Srta. A. desde el punto de vista intelectual, se encuentra apta para decidir con plena conciencia, comprensión y valoración crítica de sus actos; el desapego con respecto a las hijas mujeres no la priva de la patria potestad, y no puede ser juzgada dicha postura, ya que decidió entregar a su hija para brindarle un mejor futuro, no abandonándola en ningún momento sino ocupándose responsablemente de su bienestar.
Cita jurisprudencia y afirma que no hay disposición legal que expresamente prohíba a las madres que tiene un hijo por nacer elegir a las personas a quiénes desea entregarlos con fines de adopción, en pleno ejercicio del derecho constitucional y que refiere al principio de legalidad del artículo 19 última parte, de la Constitución Nacional. Agrega que sólo si el consentimiento de la madre está viciado, el niño debe ser entregado a postulantes inscriptos en el Registro de Adoptantes, lo que no sucedió en autos. También sostiene que las expresiones del Juez constituyen a su entender un prejuzgamiento, resultando aseveraciones subjetivas que denotan un prejuicio formado que tiende a desacreditar la voluntad de la madre para consentir el destino de su hija y las pretensiones de los guardadores. Analiza el art. 318  del Código Civil, diciendo que no implica una prohibición para la guarda de hecho. Cita fallos de la Corte que se fundan en los principios consagrados por art. 19  de la C.N. Marca los errores en los que incurre el juez para dictar la sentencia, remarcando que el proceso voluntario incoado nunca fue proveído. En otro apartado de su escrito impugnativo, dice el apelante que el sentenciante hace referencia a la implementación de ley 6.915, con la cual "los legisladores y el Poder Ejecutivo en particular han buscado comprometer aún más a los distintos estamentos del Estado en la lucha por bregar por la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes", sosteniendo que esto, remarca el apelante, no implica que la ley de referencia haya establecido nuevos derechos a favor de los niños y adolescentes, ya que dichos derechos tienen vigencia desde la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la reforma constitucional de 1994.
Por lo que su respeto debió ser garantizado desde antes de la sanción de dicha ley por los órganos judiciales de nuestra provincia, sin embargo, no existen fallos de la naturaleza del aquí recurrido, hasta la fecha, en casos similares. Sostiene que la ley citada tampoco puede derogar ni contraponerse a la legislación de fondo, establecida en el Código Civil, ley de Adopción 24.779, puesto que de ser así sería inconstitucional, por lo que toda interpretación de la ley 6.915 debe realizarse en un modo armónico con la legislación de fondo. Afirma que dicha ley no establece ni puede establecer requisitos para el otorgamiento de una guarda con fines de adopción, tales como la residencia en la provincia de los futuros adoptantes, ni justifica la intervención de los estamentos administrativos correspondientes (Subsecretaría de la Niñez) cuando el menor no se encuentra abandonado y en grave riesgo, por lo que no encuentra asidero a su intervención. Recalca además que la Subsecretaría citada, si le correspondía actuación alguna, nada hizo, dilatándose el proceso y no resguardándose los superiores intereses del menor, cuando los derechos y la seguridad del mismo fueron resguardados por medio del cuidado que le brindaron los pretensos adoptantes ante el requerimiento de la madre biológica.
Por otra parte agrega que el Juez tiene por acreditada la identidad del padre del menor no habiendo prueba alguna de ello, cuando la madre del menor, en pleno ejercicio de su derecho a la intimidad, se abstuvo de decir quien es, sólo hizo un comentario, pero no denunció a esa persona como padre. Además nadie intentó reconocer a la misma ni tuvo intervención alguna en el presente proceso ni en ningún otro, por lo que no puede depender la presente acción de que aparezca o no el padre de la niña. Por último critica el punto 2 del resuelvo, por el cual se pone a disposición de la "Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, para que previa intervención de los organismos técnicos, adopte respecto a la menor las medidas ordinarias necesarias para la permanencia de la misma dentro de la familia biológica ampliada y que, para el caso de que ello no sea posible, adopte la medida excepcional pertinente, respetando siempre el mejor interés del menor".
Critica esta disposición y reitera que desde que la menor no se encuentra abandonada, no es atendible ni válido el argumento que la madre biológica carezca de autonomía de la voluntad para decidir sobre el destino de la menor. Le resulta inentendible que se faculte a dicha subsecretaría para tomar medidas extraordinarias, es decir arrancar a la menor de brazos de su madre y de las personas a las que ella en uso de sus facultades legales encomendó su cuidado, tal como se pretendió hacerlo en primera instancia, omitiendo tomar las medidas ordinarias previas. Sostienen que dichas atribuciones otorgadas al órgano administrativo resultan arbitrarias, por violatorias de derecho de fondo establecidas en el Código Civil, además de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, arts. 14 y 21 , además del principio de reserva consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 19. Por todo lo dicho solicita el apelante que se revoque la sentencia en todas sus partes, ordenándose que se provea la demanda y fije fecha para la citación prevista en el art. 317 inc. a  del CC.; que se restituya la guarda de hecho a los pretensos adoptantes, restituyendo a la menor a la situación de hecho en que se encontraba antes de la ejecución de la medida ordenada. A fs. 73/77, se agrega el memorial presentado por la apoderada de la madre biológica, el que está concebido en similares términos. En síntesis, expresa que el rechazo in limine de la demanda, constituye un prejuzgamiento; que la madre biológica tiene el derecho a elegir la persona o matrimonio que adoptará a su hijo.
Critica también al Juez quien sostiene que no se ha dado ninguna circunstancia que justifique que deba ser tenida en cuenta la elección de la madre, por no ser parientes ni amigos íntimos de la madre biológica, ni la niña ha estado en guarda de hecho con los guardadores. Arribar el sentenciante a la conclusión de que ha habido un acercamiento interesado no tiene sustento fáctico ni jurídico. Tampoco lo tiene cuando manifiesta que se encuentran comprometidos los derechos del progenitor, ya que en ningún momento se reveló la identidad del mismo. Invoca que surge de la sentencia una clara discriminación hacia la figura de la madre biológica, como así también del matrimonio al sostener que vino a esta provincia, alquiló un inmueble con el solo propósito de poder conseguir un hijo".
2º) Que de la simple lectura del caso, tenemos que inicia la presente acción el matrimonio C.-B., solicitando la guarda de la menor L.A.A., acompañan la documental que es requerida en estos casos, argumentando que conocieron a la madre biológica a través de conocidos mutuos, con motivo de los viajes que realizaban a Las Termas de Río Hondo, entablando una relación amistosa. Así es que la madre les ofreció su hija a fin de que se hicieran cargo. La Jueza Dra. Bravo Mayuli, en el proveído inicial rechaza in limine la demanda al considerar que no había concluido el período puerperal, dando intervención a la DINAF, atento a la situación de riesgo de la niña que se denunciara en el libelo inicial.
Planteada la revocatoria de este decreto por los accionantes, se decide revocar el decreto y ordenar una serie de medidas previo a proveer la demanda, entre ellas, solicita informe socio ambiental, así como el psicológico, fijándose fecha de audiencia. Además de ello, se notifica a la Subsecretaria de la Niñez a efectos de que tome las medidas que considere apropiadas en relación a lo dispuesto en el art. 11 de la ley 6.915. Realizada la visita domiciliaria, la Asistente Social del Juzgado nos dice en su informe que la Sra. A., madre biológica de la menor, le manifestó que se habría trasladado a la ciudad de Tucumán a realizar controles pediátricos a la menor, acompañada por el matrimonio C.B. Relata que durante el embarazo la Sra. M.A. se encontraba anémica por lo que debió ser asistida por el matrimonio con alimentos.
En cuanto a la relación con los pretensos adoptantes, expresa que los mismos son amigos de una pareja que se hizo cargo de la crianza de otra hija de Mariana, que actualmente tiene 3 años. Respecto a la entrega de la menor en adopción, su abuela respalda la decisión de su hija, fundando principalmente en la carencia de recursos económicos para solventar su crianza, aunque no desea influenciar en la decisión materna, sostiene que es lo mejor para el futuro de la niña. Manifiesta que desconoce la identidad del padre biológico de la niña, porque su madre no mantenía una relación que sea conocida por la familia. También de la entrevista participa una hermana de Mariana, quien comparte la decisión de entregar en adopción a Lucía, con iguales fundamentos.
Agrega que dos de sus hermanos expresaron su desacuerdo con la crianza de la niña, porque sería una carga económica a sostener por los abuelos. Los vecinos no tienen buen concepto de la familia, acusan a Mariana y a su hermana de conducta promiscua y de diferentes hurtos en sus viviendas (informe de fs. 35, 35 vta.). Ya en la audiencia realizada, la madre biológica, expresó que es madre de tres hijos, que el primero vive con ella, el segundo fue entregado en adopción a un matrimonio de Córdoba y la última es Lucía. Que todos ellos son de distinto padre, y dice que no quiere dar el nombre del padre de la menor. Que antes de que naciera la tercer hija, ya tenía intenciones de entregarla en adopción, porque no podía tenerla, que no la quiere y que no es una cuestión de índole económica la que lleva a entregarla. Las conclusiones de la psicóloga interviniente refieren que Mariana se encuentra apta para decidir con plena conciencia, comprensión y valoración crítica de sus actos y que ha expresado que no quiere tener a sus hijas mujeres; que existe un desapego manifiesto y un rechazo a la crianza de sus hijas mujeres. Del examen psicológico a los pretensos guardadores se concluye que el matrimonio podrá escuchar y responder a las necesidades que la menor demande y han construido un espacio psíquico, necesario para la inclusión de la niña.
3º) Que me he detenido a reseñar el itinerario seguido en este proceso, para evidenciar la sin razón del rechazo de la presente demanda. Tal como lo señala el apelante, aquí no se trata del examen de los meros requisitos de procedibilidad formal, sino de una decisión final que recae sobre la atendibilidad sustancial de la pretensión accionada. Sin embargo y aun con lo subrayado, el Juez de Familia dicta sentencia, rechazando in limine la guarda solicitada por el matrimonio, sin fundamento alguno, sin verificar si estaban dadas las condiciones para hacer lugar a lo peticionado por el matrimonio como por la progenitora de la menor, poniendo a disposición del órgano administrativo a la niña. El Juez para conceder la guarda o rechazarla debió ponderar las situaciones presentadas, de la familia biológica, de los pretensos guardadores, valiéndose de los informes técnicos, todo ello bajo consideración primordial del niño. Sin embargo omitió valorar estos recaudos imprescindibles, denegando la guarda, siguiendo sólo la opinión de los Ministerios Públicos intervinientes, quienes entre otras consideraciones opinan se debe acudir al Registro Único de Adopción, desde que las personas allí inscriptas, están en mejores condiciones para afrontar la paternidad adoptiva, además de ofrecer el organismo aludido mayores y mejores garantías por el contralor permanente que realizan sobre estos casos.
4º) Que en este contexto y entrando al análisis de la cuestión de fondo traída en apelación, se advierte que se encuentra en juego la interpretación de normas de rango constitucional, así como también la aplicación de leyes de fondo y de forma. Las problemáticas a resolver: de un lado la pretensión de los pretensos adoptantes frente a la legislación; el debido proceso en el trámite de guarda con fines de adopción; la cuestionada autonomía de la voluntad; la inscripción en el Registro Único de Adopción (RUA) y la incidencia de la nueva ley provincial en el tema, por la cual el Juez modifica el criterio que se venía manteniendo en materia de guardas preadoptivas, rechazando in limine la demanda. En ese orden, y proporcionando una respuesta jurídica respecto al primero de los agravios referido al proceso de adopción, estimo que no es menester abundar en mayores consideraciones, toda vez que ante similares planteos en anteriores pronunciamiento relacionado al tema, los Miembros de este Tribunal, que en la presente causa integran la mayoría, dijeron que: "El proceso de adopción no tiene un sistema rígido establecido y se basa sobre la estructura destinada a comprobar la factibilidad de la adopción dentro de la normativa legal, donde el Ministerio Público es una parte controladora y en ese sentido nos hallamos ante un proceso voluntario". (Falcón: "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", T. VII, pág.671); "... que este proceso es de aquellos en los cuales la ley requiere para su cumplimiento la actuación de un magistrado judicial a fin de darles eficacia a través de un debido control". "Por otro lado señalamos que se trata de un proceso de características especiales previstas por la ley y con una finalidad: determinar la conveniencia y factibilidad de otorgar la guarda de un menor declarado en estado de abandono; en definitiva: determinar si la adopción conviene o es contraria al interés del menor". (autos: LETURIA CLAUDIO ALEJANDRO Y RAIMONDO MARIA FERNANDA s/ GUARDA JUDICIAL CON FINES DE ADOPCION DE LA MENOR V.H. sentencia de fecha 19/10/2009).
Nuevamente entonces, se instala la contienda referida al proceso de guardas, dentro del contexto antes explicitado y con los alcances que le da el Juez a esta ley recientemente dictada, que produjo el cambio de criterio que se venía sosteniendo en la materia. En otros términos, el conflicto se ha generado por la decisión del juez de rechazar in limine la demanda, ordenando que la menor en cuestión quede a disposición de la autoridad administrativa para que tome medidas ordinarias necesarias para la permanencia de la misma dentro de la familia biológica ampliada y que para el caso que ello no fuera posible, adopte la medida excepcional pertinente. Esto, frente a la oposición de la progenitora, quien ha manifestado su deseo de entregar su hijo en adopción al matrimonio C.B., decisión esta compartida por su familia. Entiendo, como ya se dijo en otras oportunidades, que con esta interpretación se pretende dar una solución a prácticas irregulares que se vienen dando en nuestra provincia, y que son consecuencia del riesgo propio que se da con las entregas directas de niños, pero esta resolución no puede desatender otros principios y las normas de rango superior que rigen en la materia, a las que haré referencia. Creo entonces, que esta apresurada decisión está encarada con un rigorismo tal que constituye un obstáculo al proceso, a punto tal que pone en jaque institución tan noble como es la adopción, debilitándola y como consecuencia de ello pone en juego la más urgente necesidad de un niño, cual es el derecho a tener una familia, que es el lugar privilegiado para su desarrollo, cuando el mismo no es aceptado por su propia familia de origen, comprendiendo a la familia en sentido amplio, es decir abarcativa de todos los vínculos familiares. "No creamos -se dijo en el recinto parlamentario al tratar la reforma en materia de adopción - una ficción de la realidad... Aceptamos que aparte del vínculo impuesto por la naturaleza, pueden existir otros vínculos espirituales, éticos,... sobre los sentimientos que nacen entre quien presta cuidados y quien los recibe" (sesión de diputados 1948, pág. 1188 y 1203). Argumenta el peticionante, que la resolución del Juez es violatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño de rango constitucional, en cuanto no respeta el Interés Superior del Niño, además vulnera el debido proceso al no pronunciarse sobre la existencia de algún impedimento legal que dé lugar a su rechazo. Y le asiste razón, tal afirmación no es mera conjetura, el sentenciante debió valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas de aquellos que pretenden la guarda preadoptiva. Compete al órgano jurisdiccional ejercer esta función, debiendo garantizar la protección del niño, con un control estricto sobre quienes tienen a su cuidado la niña, con la necesaria e imprescindible colaboración del los equipos técnicos. El instituto de la adopción no es un mero procedimiento asistencial que cubre la desolación de un niño abandonado, su objetivo es brindarle la posibilidad de insertarlo en una familia que supla a la de origen y que confiera al adoptado la calidad de hijo legítimo.
En el fallo cuestionado el Juez refiere al instituto de la adopción, su evolución histórica, a las modificaciones legales que hubo, y a la sanción de la reciente ley provincial por la cual, dice, se ha comprometido aún más a los estamentos del Estado en la lucha por bregar por la efectivización de los derechos de los niños y adolescentes. Por ello, dice el juez, a los fines de cumplir con la citada ley ordena como medida cautelar que la menor en cuestión quede a disposición del órgano técnico administrativo. Es decir está poniendo a disposición de los organismos administrativos del Estado una cuestión que requiere estrictamente una respuesta judicial. Recordemos que los familiares de la niña, en coincidencia con lo expresado por la progenitora, manifestaron el deseo y la conveniencia de que la niña sea entregada en adopción. En autos, en la audiencia celebrada, la madre biológica ha manifestado ante el Juez, que esta entrega no es sólo por razones de pobreza, que su decisión es firme y sostenida y que quiere que se haga cargo el matrimonio C.B., por el afecto que ellos le brindan y con los cuales ha mantenido una relación desde el embarazo, relación ésta que fue afianzándose con el tiempo. A través de los informes agregados, se desprende que el matrimonio reúne las condiciones de idoneidad necesarias para brindar a la menor un hogar que le garantice su crecimiento integral. A pesar de ello, el juez, haciendo caso omiso y siguiendo la opinión de los Ministerios Públicos intervinientes rechaza la demanda y cuestiona este acto personalísimo, cual es el derecho de disponer del niño y decidir a quien lo entregará en guarda con fines de adopción. Los Ministerios Públicos intervinientes dicen en su dictamen: "... que por las precarias condiciones socio ambientales de vida de la Sra. A., las que surgen del informe socio ambiental..., se encontraría vulnerada otra de las condiciones internas del acto voluntario cual es la libertad, no puede elegir qué es lo mejor para su hijo quien no tiene opción para hacerlo en virtud de su apremiante situación tanto económica como social..." y "... que por todo lo analizado, al encontrarse en situación de riesgo, es al Estado a quien compete tomar medidas de protección que estime adecuadas y oportunas, y es a ello a lo que apunta la Ley Provincial Nª 6.915...". Asimismo, continua diciendo, "...atento a considerar que las personas inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción se encontrarían en mejores condiciones para afrontar la paternidad adoptiva..." (dictamen de la Sra. Defensora fs. 87/88).
Este dictamen del que se hace eco el juez en su fallo obliga a un análisis. Cabe decir el respecto, que no basta la sola demostración de los cuidados dados por esta familia y sus condiciones de idoneidad, es necesario valorar "la conveniencia para el menor", que no se basa en la riqueza o mejor posición económica que pudiera tener los adoptantes, ni en la situación apremiante, que dice la Defensora, Dra. Soria Vildósola, tendría la familia biológica. Tampoco es razonable pensar que la pobreza es condicionante para tener privada la libertad. No existen dudas de que estas situaciones de pobreza y/o marginación acarrean como consecuencia, en muchos casos, el abandono de sus hijos en Institutos o bien los encontramos en la calle pidiendo una limosna o trabajando para sobrevivir, y es ante estos casos que el Estado tiene la obligación y es a quien le compete fortalecer a las familias a través de políticas sociales, que es justamente de las que habla la nueva ley provincial citada, en consonancia con las leyes nacionales y supranacionales ya dictadas. Pero no es el caso que aquí se trata, tampoco hay una situación de riesgo y/abandono de la niña como dice el Juez y los Ministerios. Con lo dictaminado y sentenciado se pretende desprender al niño del matrimonio que lo tiene desde su nacimiento, a quienes la madre les ha confiado y quienes se presentaron a la justicia a fin de hacer valer sus derechos.
Reitero: la cuestión social, la pobreza de la madre no es un obstáculo que le impida decidir qué es mejor para su hijo, no se ha probado que la misma esté incapacitada para tomar decisiones, por lo que considero que los argumentos dados por el Juez en su fallo no tienen asidero. Por otra parte, el Fiscal de Primera Instancia interviniente, a fs. 46 vta., se refiere al derecho de identidad del niño diciendo que viene signada por sus antecedentes familiares y regionales, prefiriendo a aquellas personas que son oriundas de la misma región o provincia en que el niño nació. Habla sobre características físicas y espirituales que suelen encontrarse bien diferenciadas entre personas cuyas familias son oriundas del noroeste argentino y las que provienen del centro o sur del país... que las corrientes migratorias y la idiosincracia regional contribuyen a ello..", pareciéndole razonable pensar entonces, que trasladarlo de una provincia a otra afectaría la identidad de un niño. Al respecto considero que no es posible pensar que tal situación pueda afectar a un niño que todavía no posee una cognición suficiente para discernir estos cambios: en el caso en particular de autos se trata de un recién nacido, por lo que no tiene asidero jurídico ni fáctico esa opinión, además de vulnerar los principios constitucionales como el de igualdad. Acerca del Registro Único de Adopción, la C.S.J.N. se ha expedido en distintos fallos sobre cuestiones como las aquí tratadas. Así en fallo publicado en la Ley en  "G., H. J. y D. de G., M. E."; 19/02/2008 -LA LEY 25/03/2008, 7 - DJ 16/04/2008, 993 - DJ 2008-I, 993 - LA LEY 29/04/2008, 7 - JA 2008 - II, 22- Que el Tribunal ya ha tenido oportunidad de señalar la relevancia del Registro Único. Así, en G.1551.XLII "G., H. J. y D. de G., M. E. s/ guarda preadoptiva", se hizo eco de algunos pasajes del Informe de las Comisiones de Justicia, de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad, de la Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de la presentación del Proyecto de Ley de Creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (luego ley 25.854), con el propósito de destacar los objetivos que, a juicio de este informe, perseguía la iniciativa: "[...] evitar el tráfico de niños, el amiguismo en la entrega de menores en condición de adoptabilidad, el peregrinaje de los padres adoptantes por diversas circunscripciones territoriales a los fines de adoptar un niño y las deficiencias de la entidades no gubernamentales". También observó que la creación del Registro Único "será una central de datos para facilitar el trabajo del juez de la causa", y que, para el acceso al registro, los interesados debían reunir ciertas condiciones cuyo objeto era determinar su idoneidad para hacerse cargo de niños" ."....Con todo, no es menos cierto que, sin mengua de lo antedicho, tampoco omitió evaluar que el tantas veces mencionado requisito de inscripción "no puede constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, pues se trata, como igualmente se expresa en el Informe aludido, de 'construir un sistema de protección civil y protección social en beneficio de la sociedad y de la niñez'" (sentencia del 19 de febrero de 2008). En "G., H. J. y D. de G., M. E."; 19/02/2008 -LA LEY 25/03/2008, 7 - DJ 16/04/2008, 993 - DJ 2008-I, 993 - LA LEY 29/04/2008, 7 - JA 2008 - II, 22- ... se sostuvo que la exigencia de la inscripción en el Registro Único no puede constituirse en un obstáculo a la continuidad de una relación afectiva entre un niño y sus padres guardadores, si éstos han demostrado que reúnen las condiciones necesarias para continuar con la guarda que les fue confiada" También se afirmó: Dado que el cambio de guarda -como todo cambio en el centro de vida, según lo presume el artículo 3°, inciso f , ley 26.061 (Adla, LXV-E, 4635)- es potencialmente apto para inferir un trauma al niño, debe revocarse la sentencia que, al confirmar el estado de adoptabilidad de un menor -con fundamento en el artículo 317, Código Civil- y no acoger las pretensiones adoptivas del matrimonio al que se le había concedido la guarda provisional, por no estar inscripto en el Registro Unico de Aspirantes -ley 25.854 (Adla, LXIV-A, 106)-, no justificó su resolución en que la permanencia con dicho matrimonio le generaría un trauma mayor. (Del voto de la doctora Argibay).
Decía el Dr. Pettigiani sobre la "Pretendida sacralidad del Registro Único de Aspirantes" -dentro de otro contexto normativo, cabe aclararlo- "que si bien este Registro creado por la propia Corte a influjo de la ley de adopción resulta un factor de singular valor a los efectos de estar en condiciones de resolver con mayor posibilidad de éxito acerca de la idoneidad de eventuales adoptantes de acuerdo con las características que presenten los niños en situación de adaptabilidad, constituye simplemente un medio instrumental como tal ordenado a la consecución de un fin. El niño no es un objeto que a modo de un premio se otorga a quien lo va reclamando por el mero hecho de ocupar un lugar preferente en una extensa fila o simplemente por orden de aparición. No se trata aquí de mecanismos automatizados de fungibilidad, sino de la entrega de seres humanos únicos e irrepetibles que no pueden estar sujetos al vaivén de avances y retrocesos porque cada uno de éstos deja secuelas imborrables en su psiquis. Cada desarraigo al que se somete al menor le cercena irreparablemente una porción de su identidad y le ocasiona gravísimos trastornos en lo psicológico. Del mismo modo, la existencia del Registro está prevista en orden a la satisfacción del interés superior del menor. Pero este interés, como hemos dicho más arriba, no se realiza en lo abstracto sino en concreto. En consecuencia, si en el caso específico de que se trata se instrumentaliza al niño para preservar una supuesta intangibilidad del orden que fija el Registro, se invierten los valores y lo que en definitiva se consagra es el interés superior del Registro y no el de la criatura." Ac. 73.814, "G., J. G., Guarda". SCPBA, 27/9/2000, Voto del Dr. Pettigiani. Establecido ello, corresponde analizar los informes psicológicos y ambientales sobre la madre biológica. De éstos surge que se encuentra apta para decidir con plena conciencia, comprensión y valoración crítica de sus actos, y que ha expresado que no quiere tener hijas mujeres. No se evaluaron indicadores de angustia o de arrepentimiento por el desprendimiento de la menor Lucía. La decisión de la madre de entregar en adopción su hija es firme, no se comprobó vicio alguno en su voluntad. Manifestó categóricamente en la audiencia su deseo de entregarlo al matrimonio C.-Benedeti, expresa su deseo: porque no la quiere; los familiares entrevistados también manifestaron el deseo de que la niña sea entregada en adopción.
Sin embargo, a pesar de ello, se insiste con el tema de que se busquen familiares para que hagan cargo de aquélla. Adviértase que el procedimiento de adopción no es un mero procedimiento asistencial que cubre las falencias que pudiera tener un niño abandonado; no, el propósito es conferir al adoptado la calidad de hijo legítimo del adoptante y transferir a éste la patria potestad sobre aquél, cosa que, como puede verse a simple vista, nada tiene que ver una con la otra.. Aceptamos consecuentemente que aparte del vínculo originado en la naturaleza, existen otros vínculos espirituales que nacen de los sentimientos y que generan tan fuertes vínculos que justifican el desplazamiento de un niño de su lugar originario, esto es, fuera del ámbito de su familia de origen. De los antecedentes tenemos también, que no es la primera entrega que hace la madre en adopción:, otra de sus hijas mujeres fue entregada a un matrimonio conocido de los peticionantes (informe de fs. 44, 44 vta.). Considero que en cada caso se requiere de un análisis prudente y detenido de las circunstancias fácticas; y especialmente de aquellas existentes al momento de tomar la decisión. Se omitió evaluar los recaudos imprescindibles para resolver la guarda solicitada. No se muestra como sensato arrancar literalmente a la niña de los brazos de la madre o de quien cumplió ese rol durante sus primeros años de vida, que en los hechos son quienes le están brindando la protección que manda la ley. Un matrimonio suficientemente evaluado puede estar en tantas o mejores condiciones de idoneidad que aquel que ya se encuentra inscripto en el registro de Adopción. Con las nuevas leyes dictadas hemos avanzado en orden a dar una mayor protección a este sector de la sociedad, pero ello debe ser interpretado de manera armónica con principios constitucionales y normas de fondo y de forma y con una finalidad última y suprema: "el respeto al interés superior del niño".
Es atribución del Congreso la modificación de normas; es quien concede o suspende derechos subjetivos de índole familiar. No es función del Juez. Por otra parte, destacamos que no se comprobó que hubiera una entrega irregular que diera lugar a la configuración de algún ilícito, asunto que el Juez también lo dice en su fallo, por lo que tampoco habría por este motivo fundamento para rechazar la guarda solicitada. Surge que la voluntad de la madre fue libre, sin presiones; también se comprobó la calidad humana de los peticionantes y que la intención de los mismos es darle una familia a la niña. El Juez afirmó, que "no existiendo una relación amistosa desinteresada entre los pretensos adoptantes y la madre biológica y por más motivos sinceros y nobles que tenga el pretenso matrimonio, no se puede dejar de lado esta situación fáctica, que en principio, amerita en forma inmediata, la intervención del órgano técnico administrativo, para garantizar en forma integral los derechos de la menor de edad". Considero errada esta apreciación del Juez.
El mismo juez en su fallo, refiere al art 318  del C.C. diciendo, "la falta de un adecuado control judicial, motivó la última reforma, sancionándose la ley 24.779, mediante la cual, a más de prohibir la entrega de los menores mediante escritura pública o acto administrativo (art. 318) incorpora un principio fundamental a saber: la guarda con fines de adopción sólo puede ser otorgada por el Juez, previo cumplimiento de los requisitos procesales y sustanciales establecidos con tal fin. (arts. 316 y 317  del Código Civil). -resaltado en negrita en el fallo impugnado-. Sin embargo el juez, sin evaluar los requisitos establecidos en las citadas normas y contrariando lo dicho y lo dispuesto por el art. 318, pone a disposición del organismo técnico administrativo una niña en estado de preadoptabilidad. En cuanto a otro de los derechos de rango constitucional, que también afirma el apelante ha sido vulnerado, precisamente la libertad, cabe precisar: el art. 19  de la C.N. impone límites a ésta, los cuales son aquéllos que afecten el orden público o la moral pública o a terceros. Es lógico razonar que ningún perjuicio trae aparejado realizar un proyecto de vida basado en el amor que le pueda brindar una familia a un menor, ese amor que le ofrece la familia que lo cobijó desde su nacimiento. Vulnera el sentido común imponer jurídicamente soluciones que se apartan de los principios enunciados de rango superior.
El art. 19 de la C.N. asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho de elegir su proyecto personal de vida, siempre que ello no perjudique a terceros ni ofenda a la moral pública. Así, en el caso "Pozetti de Balbín c. Editoria Atlántida"  (sentencia del 11 de diciembre de 1984) dijo: "La protección material del ámbito de privacidad resulta, pues, uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas jurídicas autoritarias o totalitarias". Así, basándose en el derecho a la privacidad se consagran otros derechos derivados. El derecho de la madre en representación de su hijo, puede ella elegir el proyecto de vida so pretexto de defender intereses del niño?; se ha vulnerado o puesto en riesgo al niño al ser entregado a quienes la madre eligió? para ello el juez cuenta con las herramientas legales necesarias para dar una rápida respuesta y debe actuar con la prudencia que debe primar en su accionar. La Corte en fallos citados dijo al respecto: "Recordamos más arriba que la labor de los jueces está signada por el mejor interés del niño. Al desgranar esa noción en este particular terreno, es preciso reconocer que -por respetables que puedan ser las expectativas de los adultos-, en el ámbito de la adopción, los Tribunales no están habilitados para fundar la elección de la futura familia, en ninguna otra consideración que no sea la necesidad del adoptando y la correlativa capacidad de los postulantes para responder a ese reclamo, para "hacerse cargo" cabalmente de esa vida en formación, con todo lo que ello supone...Si reobramos ahora sobre el art. 21 de la Convención de los Derechos del Niño, encontraremos allí una directriz que, aunque dirigida al proceso de adopción propiamente dicho, resulta necesariamente aplicable a la etapa introductoria del trámite. Allí se reserva la potestad de administrar el instituto a las autoridades competentes, las que deben determinar la viabilidad de la adopción, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables, y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que permita formar convicción sobre su procedencia....Respecto de esta última pauta, la doctrina ha sostenido que el objetivo de la Convención, es asegurar que se reciba todo el material probatorio necesario para la construcción del juicio lógico de los jueces, que -en definitiva- se identifica con el juicio sobre la idoneidad de los postulantes. Desde esta perspectiva, aun el principio dispositivo cedería, para dar paso a una actividad oficiosa, limitada -desde luego- por el principio de legalidad". Al Juez la ley le impone el deber de fallar, y le ha dado la potestad de decir quienes serán los adoptantes de ese niño y para tal finalidad le impone una serie de requisitos y condicionamientos enumerados en los artículos 316 y 317 del C.C.
Por último recordemos en primer término que la ley provincial 6.915 no difiere en lo sustancial con los derechos que ya enunciados en las leyes nacionales 26.061 y Convención de los Derechos del Niño. Tampoco debemos olvidar que este cambio que se pretende imponer pone en juego principios consagrados en nuestra constitución, como son los arts. 14, 16 , 18, 19 , y 28 , así como el 32  de la C.A.D.H. al referirse a la correlación entre deberes y derechos dice "que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática" Es decir: deben extremarse los recaudos para la protección integral del niño, pero sin que esta protección signifique la frustración de las posibilidades de insertarlo en una familia que le brinde el amor y cuidado requerido. Es la ley la que le ha encomendado esta tarea (arts. 316,317 y 318 del C.C.). El art. 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que "Las medidas que deben tomar los Tribunales serán considerando primordialmente el interés superior del niño, y que es primordial para ellos el derecho a permanecer en su familia, prioridad que sólo cede cuando de conformidad con la ley y los procedimientos aplicados la separación sea necesaria en el interés superior de aquél. Asimismo está reconocido el sistema de adopción cuando el interés superior lo exija (arts. 20 y 21 C.D.N.) El Juez debió resolver la conveniencia o no de la adopción, de acuerdo a las circunstancias que se le presentaron, y otorgar una solución rápida, en el caso, otorgar la guarda provisoria, que de hecho la ostentaba el matrimonio desde el nacimiento y que habría generado lazos entre el niño y la familia de éste. Debe reiterarse que la voluntad de la madre de entregar a su hija en adopción ha sido firme, libre de condicionamientos; no han existido vicios. Por ende la situación del niño en estado de preadoptabilidad no admitía dudas. Por lo expresado ello y lo concordantemente dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, Dr. Lozano, corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos, revocándose la sentencia apelada. A la primera cuestión, en consecuencia, voto por la negativa.
A LA PRIMERA CUESTION LOS DRES. AZUCENA BRUNELLO DE ZURITA y RAÚL LIMA DIJERON:
Que comparten los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LUIS CESAR MANSILLA dijo:
En atención a lo expuesto, y teniendo presente que se han producido los informes que dan cuenta que el matrimonio C.B. reúne las condiciones de idoneidad requerida para estos casos, como así que se han reunido todos los recaudos legales redqueridos, corresponde otorgar la guarda preadoptiva de la menor L.A. al matrimonio C. B..
A LA SEGUNDA CUESTION LOS DRES. AZUCENA BRUNELLO DE ZURITA y RAÚL LIMA DIJERON:
Que votan en el mismo sentido.
Ante mí: Dra. Cecilia Ausar de Pena, Secretaria.
Es copia fiel de su original, doy fe.
SENTENCIA: Santiago del Estero, diecinueve de febrero de dos mil diez. A mérito del Acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE:
I) Revocar la sentencia apelada.
II) Otorgar la guarda preadoptiva de la menor L. A. al matrimonio C. B.. Notifíquese y agréguese copia de la presente, la que se reservará por Secretaría.
Fdo: Dres. Luis César Mansilla, Azucena Brunello de Zurita y Raúl Lima. Ante mí: Dra. Cecilia Ausar de Pena, Secretaria.- Es copia fiel de su original, doy fe.